MÉXICO, (Notimex), 30 de agosto de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Cámara de Diputados a aprobar en el próximo periodo de sesiones la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Mediante un comunicado en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este 30 de agosto, el ombudsman nacional solicitó además el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.
En este contexto, llamó a las autoridades federales y locales a impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares, y atender las 102 propuestas formuladas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de la propia CNDH.
Consideró que se debe relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de dicho delito, a fin de hacerle frente, enfatizando la importancia de escuchar y atender las necesidades de las víctimas y sus familiares.
Al ratificar su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, subrayó la importancia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno generen condiciones que garanticen la efectiva investigación.
También de que se sancione ese delito para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la justicia, a la verdad y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.
Para la CNDH, asentó, las desapariciones subsisten en el país como consecuencia de la impunidad traducida en la falta de una procuración de justicia pronta y expedita, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables.
En la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos, apuntó.
También solicitó que el gobierno federal aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado.
Lo anterior, “como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país”, puntualizó.