La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrentará el próximo año su primer juicio en una causa en la que está acusada del delito de administración infiel con perjuicio al Estado.
Fuentes de los tribunales revelaron que el juez a cargo del caso, Claudio Bonadío, intentará que el juicio comience en febrero, para cuando los problemas judiciales de la ex mandataria se habrán acumulado debido a otras causas en su contra.
El juez investiga a Fernández por una causa que perjudicó al Estado a partir de operaciones financieras realizadas por el Banco Central durante el último año de su mandato.
Según Bonadío, la ex presidenta cometió el delito de administración infiel con perjuicio al Estado, ya que fue responsable de las ventas del “dólar a futuro”, que fueron autorizadas en 2015 por el Banco Central.
La entidad financiera estatal vendió por anticipado dólares a un precio oficial, pero el valor de estas divisas se incrementó en diciembre de 2015, ante la brusca devaluación decretada por el presidente Mauricio Macri en sus primeros días de gobierno.
Esto permitió que diversas empresas y bancos compraran dólares a un precio menor a 10 pesos por unidad que recibieron recién este año, cuando ya la cotización superaba los 14 pesos, diferencia que debió pagar el Estado.
Pese a que el Banco Central es autónomo, Bonadío consideró que las operaciones no pudieron concretarse sin el aval de la presidenta y en complicidad con los entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quienes también están procesados.
Bonadío es un juez opositor al kirchnerismo y el primero que citó judicialmente a la ex presidenta en abril pasado en el marco de esta causa.
Ahora sólo resta que el juez revele la fecha en la que comenzará el juicio, el cual ha sido calificado por la ex presidenta como una venganza política en su contra, tras argumentar que ella no tenía injerencia en estas operaciones del Banco Central.
Esta es la causa judicial menos complicada para Fernández, quien enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción a partir de millonarios negocios inmobiliarios que mantuvo con Lázaro Bárez y Cristóbal López, empresarios contratistas del Estado.
También es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y no se descarta que esta misma semana enfrente su segundo procesamiento en este caso, dictado por el juez Julián Ercolini.
(Nota de La Crónica)