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Llama CEESP a fortalecer las Reformas Estructurales

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2018.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) rechazó que la Iniciativa Privada limite el crecimiento económico y el bienestar de la población. A manera de argumento, expuso que el sector privado aportó un 82.6 por ciento de valor agregado a la economía, en 2016.

En su Análisis Económico Ejecutivo, difundido este domingo, señaló que contrario a las propuestas populistas, se  deben fortalecer las reformas estructurales, a fin de que el sector privado pueda realizar  su actividad con mayor eficiencia y, por ende, crear empleos.

Explicó que el populismo se apoya en aspectos como el descontento de la población con las autoridades en turno por temas de incumplimiento de promesas de campaña, o por el enojo generado por actos de latrocinio de funcionarios gubernamentales.

Alertó, sin embargo, en el sentido de que no todo lo que ofrece el populismo es favorable: Por ejemplo, la fijación de precios propicia “una caída en la inversión, escasez, incrementos considerables en el gasto público para su financiamiento y evidentemente un repunte de la deuda pública”.

Según el CEESP, los más privilegiados por el control de los precios de los productos serán aquellos que tienen mayor capacidad de compra. Los principales beneficiarios de este proceso nunca serán los grupos de menos recursos.

Las experiencias en este tema son claras. El gobierno de Argentina, por ejemplo, llegó a pagar 5 puntos del PIB en subsidios generalizados. En México también se cuenta con experiencias negativas, ya que en el caso específico de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno durante los años 2007-2014 fue de 871 mil millones de pesos (mmp), beneficiando al 30% más rico del país, que es el grupo de mayor capacidad de consumo.

 

Aunado a esto, las propuestas de crear nuevos programas asistenciales aumentarán la necesidad de recursos públicos adicionales que, dada la coyuntura, tendrán que financiarse a través de deuda.

Agregó que eliminar la corrupción no necesariamente significará que el gobierno federal pueda recuperar los recursos suficientes para financiar sus necesidades, como lo afirma uno de los candidatos presidenciales, “toda vez que el costo económico real de la corrupción e inseguridad, que según algunos cálculos puede llegar a representar hasta 15 puntos del PIB, recae en los hogares y las empresas, que son los que tienen que canalizar mayores recursos para solventar estos temas”.

VP/Economía/JSC

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