La representante ejecutiva de la ONG en México, María Menéndez, advirtió que la cifra estimada puede ser mayor a la que se maneja hasta ahora, porque no existe un censo oficial de la cantidad de personas damnificadas tras la catástrofe ocurrida en septiembre.
Asimismo, denunció que las autoridades mexicanas no ha cumplido con los mecanismos de protocolo regulares y propios que deben implementarse en estos casos, para garantizar la seguridad, resguardo de los menores de edad y las familias afectadas (más de 250.000 personas sin viviendas) tras el sismo.
Estas familias se han visto obligadas a abandonar los refugios, que en su mayoría son tiendas de campañas improvisadas, y regresar a sus antiguas viviendas por temor a ser despojados de sus pertenencias. Una situación que los expone a peligros mayores por el deterioro de las zonas donde habitan.
La investigación de la ONG arrojó, además, que la mayoría de las escuelas continúan cerradas y no existen controles de ingresos y salidas en los albergues, lo que obliga a muchos niños a permanecer en las calles durante todo el día.
El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió México el 19 de septiembre, dejó 369 fallecidos, 214 heridos y daños en más de 1.500 edificaciones, según cifras de las autoridades mexicanas.
Los afectados continúan denunciando que las acciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto son insuficientes para solventar la falta de viviendas y las reparaciones, que superan los 8 mil millones de pesos, sólo en el Casco Histórico de la capital.