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Renuncia de partidos a fondos públicos les acercaría dinero ilícito: INE

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2017.- En la opinión de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la propuesta hecha por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de donar todos los recursos de campañas políticas electorales de cada partido para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, daría lugar a que entrara dinero ilícito.

El PRI ya anunció que daría su presupuesto del rubro en lo que queda del año 2017, e hizo ver que la suma del dinero de todos los partidos en ese lapso daría como total una suma cercana a los mil millones de pesos. Además invitó a todos los partidos a que cedan su partida correspondiente al entrante año 2018 lo que daría como resultado una suma por encima de seis mil millones de pesos. Pero los consejeros del INE han advertido que la medida llevaría a los partidos a buscar financiamiento privado, lo cual podría generar que incluso se allegaran recursos procedentes de grupos criminales.

“Si no hay financiamiento público quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado, eso en una economía tan desigual como la nuestra hay que reflexionarlo con mucho cuidado, sería privatizar las campañas”, aseguró Ciro Murayama.

La posibilidad de que las campañas sean financiadas con dinero particular, que comprometa a las figuras políticas, desequilibraría el proceso electoral y sería un verdadero problema para la democracia en el país, señaló el consejero Jaime Rivera, quien abundó que “hay razones de fondo para que en nuestro sistema de partidos prevalezca el financiamiento público, justamente es para evitar financiamientos de intereses privados o poderes fácticos legales o ilegales que podrían distorsionar la competencia democrática. Esto no impide que eventualmente puedan disminuirse los montos”.

Los consejeros advirtieron que la propuesta, además, es improcedente e inconstitucional, ya que la Constitución indica que la fecha límite para cambiar las reglas electorales debe ser con 90 días antes del inicio del proceso, y el proceso actual arrancó el pasado 8 de septiembre, aseguran.

 

Foto: Rigoberto López Alca @rigobertoloar

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