EL LECHO DE PROCUSTO Por: Abraham García Ibarra
“Hay que entender su tiempo histórico”, suelen decir los reivindicadores de sátrapas que los mexicanos han remitido al basurero de la historia.
Desde que en los ochenta se restituyeron los crímenes de Estado, en pocos periodos después del movimiento armado de 1910 se ha visto el derramamiento de tanta sangre como en el actual tiempo mexicano.
Recapitulando hasta 1968, ocasión hubo en que José López Portillo hizo un válido retruécano: De la crisis de conciencia, pasamos a la conciencia de la crisis.
Aplicó la frase para explicar los fines de la gran Reforma Política 1977-1978.
En palabras del sabio don Jesús Reyes Heroles, la reforma de hace 40 años tendría como leitmotiv civilizar la lucha de los contrarios: Hacer de la política de cabotaje, Política de Altura.
Al diablo con la “democracia contratada”
El actual grupo dominante, con mentalidad aldeana, se cerró a toda posibilidad de revisar el régimen constitucional en materia electoral para intentar restablecer la gobernabilidad democrática con vistas a 2018. El plazo para tal efecto se ha agotado.
El escenario político, con toda propiedad semántica, se puede caracterizar literalmente como teatro de guerra. Los beligerantes no aceptan más razones ni reglas que las propias, que alcanzan la categoría, en no pocos casos, de sinrazones.
No hay ya oportunidad temporal de que el Congreso de la Unión le dé cauce institucional al conflicto.
La ley del hierro de la oligarquía
Las elecciones para la formación de poderes públicos, prescribe la Constitución, son una función de Estado. Los detentadores de los mandos del Estado han caído en una suicida cerrazón.
Si la sociedad política quiere seguir ejerciendo La ley del hierro de la oligarquía, ¿qué le queda a la sociedad civil?
La sociedad política está representada básicamente por los partidos con registro oficial. Aun los partidos opositores, no encuentran en los árbitros electorales (el administrativo, el INE; el jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) respuesta satisfactoria a sus reclamos.
Estamos hablando, para el caso, del principio de legalidad. Si tantas leyes y códigos terminan en letra muerta o en ley del embudo, ni los jugadores institucionales tienen más garantía ni salida que desahogar sus frustraciones en las tribunas de campaña o, excepcionalmente, en algunos medios de comunicación. Con pocos rendimientos para sus causas, dicho sea de paso.
Si en el ámbito institucional no impera más que la ley de la selva, a la sociedad civil sólo le queda la autoridad moral y ética.
Tribunal Russell y Comisión de la Verdad argentina
A propósito de crímenes de Estado, nos viene a memoria la institución del Tribunal Russell o Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, a la que convocaron el filósofo británico Bertrand Russel y el escritor francés Juan-Paul Sartre, para juzgar al gobierno de los Estados Unidos por sus barbaridades en Vietnam.
Es cierto que Washington está blindado contra ese tipo de condenas morales, pero del Tribunal Russell ha derivado en América Latina el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ahora mismo sigue acometiendo heroicas batallas por las causas populares. No todo está perdido.
Más efectiva resultó la creación, en 1984, de la Comisión de la Verdad en Argentina, cuyo animador central fue el escritor Ernesto Sábato, para someter a la justicia a los agentes de las dictaduras militares, especialmente la ejercida por el general Rafael Videla.
La iniciativa se centró principalmente en el tema de la desaparición de personas.
Una manga de militares argentinos, entre ellos el propio Videla, fue juzgada, si bien ahora a Mauricio Macri lo atrapa la benevolencia y ampara a esos brutales criminales. Algo se logró, sin embargo, contra la impunidad.
El fraude de Vicente Fox
Desde los años noventa, en México se demandó una institución semejante para enjuiciar a los responsables de La guerra sucia, la matanza de Tlatelolco y el sucesivo halconazo, etcétera. (Se nos ocurrió entonces que debieran incluirse los delitos de lesa economía popular).
En campaña, Vicente Fox pretendió granjearse el voto útil de las izquierdas y les ofreció a cambio una Comisión de la Verdad.
Todo se redujo a soberano fraude: Una Comisión (después fiscalía especial de la PGR) para “movimientos sociales y políticos del pasado”. Sus responsables terminaron indiciados por despacharse con la cuchara grande el presupuesto asignado.
De crímenes de lesa humanidad y de una de sus tipificaciones, el genocidio, se trata. Entre finales de 2011 y principios de 2012, más de 20 mil mexicanos acudieron a la Corte Penal Internacional denunciado a Felipe Calderón por las atrocidades de su guerra contra el crimen organizado.
El gobierno mexicano se ha hecho el occiso sobre ese asunto. No hay más explicación: Porque ha continuado la estrategia de exterminio en la que los inocentes son tipificados como daños colaterales.
El artículo 39 constitucional quedó en sueños
Si la vía electoral está cerrada, si el artículo 39 de la Constitución (como el 29) no inquieta al actual grupo gobernante, ¿cuál es la opción soberana “al inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”?
La lucha armada sólo está en las provocaciones del crimen organizado. Los ensayos de resistencia pacífica activa han sido esporádicos después de cada contienda electoral con precarios resultados.
¿Es posible que la extensa red de organizaciones defensoras de los derechos humanos, se constituyan en Comisión de la Verdad, en tribunal moral contra los criminales de Estado? No es admisible que la sociedad civil se someta fatal y mansamente al silencio y la indiferencia de los sátrapas de esta hora. Es cuanto.