El gobierno federal acumuló 125 millones de pesos producto del decomiso de dinero en efectivo por 160 procesos penales federales. Entre 1996 y 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) también recibió bajo su custodia 3 mil 375 bienes muebles y seis inmuebles declarados como incautados a delincuentes con sentencias condenatorias.
De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación, el SAE retiró de esa cuenta 81 millones de pesos para entregar 27 millones a la Procuraduría General de la República (PGR), 27 millones a la Secretaría de Salud (SSa) y otros 27 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin enterar de esta última parte a la Tesorería de la Federación.
Además, la ASF observó que parte de estos aprovechamientos “no fueron canalizados” por la vía del Presupuesto de Egresos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de acuerdo con las reformas que entraron en vigor en mayo de 2013.
Respecto de los 3 mil 326 bienes decomisados en control del SAE, mil 185 se encontraban comprometidos para su venta y 2 mil 141 estaban en administración, pero la ASF encontró “inconsistencias que hacen presumir que el estatus de situación no se encuentra actualizado”.
Entre dichas inconsistencias mencionó que 119 no fueron localizados, de los cuales 56 fueron reportados como faltantes, dos tenían reporte de robo y cinco denuncia penal, y en 54 casos se integraba expediente para evaluar acciones legales contra la empresa que los tenía bajo resguardo y en 57 casos aún no se aclaraba la situación jurídica porque se integraban constancias para, de ser el caso, se reporten como bienes muebles siniestrados.
El SAE emitió una recomendación a la Cámara de Diputados para elaborar una reforma legislativa que vuelva obligatoria la entrega de esos recursos a las arcas federales, porque la Secretaría de Hacienda “procedió a la entrega directa de una parte de ellos (los recursos) a un tercero (el CJF), lo que originó que no se cumpliera con las disposiciones legales y normativas aplicables”, al no enterar de esos recursos a la Tesorería de la Federación.
La ASF fiscalizó la gestión financiera para recaudar los recursos decomisados en procesos penales federales y constatar su aviso a la Tesorería de la Federación para su posterior distribución y aplicación, de acuerdo con las normas establecidas, una tercera parte para el tratamiento de adicciones en la SSa, la otra en la PGR y la última en el CJF.
“Ese tipo de recursos fue entregada directamente por el SAE al CJF para su aportación al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, sin registrarse en la contabilidad del ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación, ni en el Presupuesto de Egresos y, por consiguiente, no se dio reportó en la cuenta pública”, estableció la ASF.
Con información de Milenio