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Arabia Saudita amenaza colapso económico si se aprueba la ley del 11S

Los legisladores de Estados Unidos estarían dispuestos a estudiar un proyecto de ley que podría derivar en una acusación contra el gobierno de Arabia Saudita por su supuesta implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en una demanda de compensación por estos hechos.
Ello supondría un enorme coste para Washington, puesto que Riad amenaza con vender los 750.000 millones de dólares de activos que Estados Unidos tiene en el reino saudí, algo que preocupa realmente a la Administración de Obama, pues Riad amenaza con venderlos al mejor postor, lo que “acarrearía graves consecuencias para la economía mundial”, según advierte Riad.
“Estoy seguro de que los saudíes reconocen, tanto como nosotros, nuestro interés compartido por preservar la estabilidad del sistema financiero global”, aseguró el pasado martes el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien subrayó que “no existen pruebas que demuestren que altos funcionarios saudíes estuvieran implicados en los atentados de Nueva York de 2001”.
Por su parte, Barack Obama declaró que si se deja que se demande a Riad por el 11S, “Estados Unidos comenzará a ser demandado sin parar por individuos de otros países”. En este sentido, Chris Matthews, columnista de Fortune, considera que Washington no debería preocuparse por las represalias saudíes.
“Este motivo de preocupación se basa en la idea errónea de creer que otros países compran deuda estadounidense como un favor al propio Estados Unidos. Cierto es que Arabia Saudita posee una gran cantidad de deuda del Tesoro estadounidense, pero esto representa menos de la mitad de los 750.000 millones de dólares en activos que Riad afirma poseer”, explica el columnista, lo que -asegura- “no supondría un impacto negativo para la economía estadounidense”.
El presidente estadounidense tiene previsto reunirse este jueves con el rey saudí, Salman bin Abdulaziz, para discutir el informe clasificado de la comisión del 11S que describe las fuentes de financiación de los secuestradores que perpetraron los atentados.
 
 

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