El grupo de medios más grande de Argentina está resistiendo la presión de la presidenta Cristina Fernández para desmantelar su imperio de diarios, canales de televisión y radios, y cumplir con una ley antimonopolio que los críticos califican como un ataque a la libertad de expresión.
Tres años después de que la mandataria describió a la leye reforma como el comienzo de una nueva era en diversidad de medios, le ha dado al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para que comience a vender docenas de licencias operativas o serán rematadas por el Estado en caso contrario.
“Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA (la agencia reguladora de medios)”, dijo la presidenta de izquierda en un discurso el mes pasado.
La presidenta da pocas entrevistas o conferencias de prensa, y suele atacar a medios opositores como el diario Clarín, el de mayor tirada en el país, y al canal de noticias TN.
Desde entonces, Magnetto se ha convertido en uno de los puntos de ataque predilectos de Fernández. Gendarmería allanó las oficinas de Cablevisión, del Grupo Clarín, a fines del año pasado y la frase “Clarín miente” se convirtió en un eslogan entre sus seguidores.
La disputa ha golpeado a las acciones de Clarín, que cayeron más de un 40 por ciento en el último año, y ha generado incertidumbre entre los inversores críticos de la creciente intervención de Fernández sobre la tercera mayor economía de América latina.
Clarín ha desafiado la cláusula más controversial de la ley, el artículo 161, argumentando que viola la Constitución al forzar a empresas a vender licencias de radio, televisión o televisión por cable adquiridas con anterioridad.
Los tribunales todavía no han emitido un fallo sobre el tema, pero el Gobierno dice que una decisión de la Corte Suprema en mayo significa que la orden judicial temporaria que protege a Clarín de cumplir la ley de reforma expirará definitivamente el 7 de diciembre. Clarín disputa esa interpretación.
Esta semana, Fernández designó a un aliado político, el diputado Martín Sabbatella, para que lidere el organismo de control AFSCA encargado de hacer cumplir la legislación, y sus partidarios dicen que Clarín debe hacer lo mismo que otros grupos de medios y presentar un plan de desinversión.
La reforma de la regulación de medios en Argentina, originalmente implementada en la última dictadura, fue bien recibida por muchos grupos de izquierda y académicos.
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