El Gobierno nipón aprobó este jueves una ley que endurece hasta con 10 años de cárcel las penas a funcionarios y políticos que filtren secretos oficiales y pongan en riesgo la seguridad nacional.
La medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento, ha desatado numerosas críticas ya que se considera un intento del Ejecutivo japonés de controlar a la prensa.
El Gobierno del conservador Shinzo Abe asegura sin embargo que se trata de un “asunto urgente” para Japón y que la nueva legislación está diseñada para proteger la información confidencial, algo necesario para transmitir confianza en el intercambio de inteligencia con otros países.
De acuerdo con la nueva ley, aquellos funcionarios que filtren información referente a asuntos de política exterior, defensa, espionaje o actividades terroristas y que se consideren “secretos especiales” podrán enfrentarse a 10 años de cárcel.
Además, los ciudadanos que colaboren con la filtración o difusión de esas informaciones pueden ser condenados a cinco años de prisión.
La anterior ley nipona sobre esta materia, aprobada en 2001, contemplaba penas de cinco años para este tipo de delitos y tan solo se refería a la información sobre seguridad nacional manejada por el Ministerio de Defensa.
La nueva calificación de “secretos especiales” será designada por los ministerios y tendrá una vigencia de 30 años, periodo que podrá ser extendido por el Gobierno.
Todo la información referente a las capacidades de defensa y armamento del país así como los detalles referentes a negociaciones con otras naciones será objeto de esa etiqueta.
Se espera que la polémica legislación sea aprobada por la Dieta (Parlamento) a principios de diciembre, momento en el que el Ejecutivo publicará una nueva estrategia de seguridad nacional.
Expertos, periodistas e intelectuales han expresado su preocupación por el hecho de que esta ley permita al Gobierno decidir de manera unilateral cuáles son esos secretos especiales, lo que fortalecería su control de la información.
Además se teme que la nueva legislación impida a los funcionarios hablar con periodistas, lo que podría mermar el derecho a la información de los ciudadanos.
En este sentido, por petición de sus socios de Gobierno, el Partido Nuevo Komeito, el Ejecutivo se ha visto obligado a revisar la ley para que incluya disposiciones que recojan el derecho expreso de los ciudadanos a la información, así como la libertad de prensa.
Por su parte, la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (PD) prepara una moción para garantizar el derecho a la información.
El intento de aprobar una nueva ley de secretos oficiales surgió después de que oficiales del servicio guardacostas publicaran en 2010 en internet un vídeo que mostraba la colisión de dos patrulleras niponas y un pesquero chino cerca de las islas Senkaku, territorio que se disputan Tokio y Pekín.