La SIP condena abusos de poder y actos contra protestas al gobierno de Venezuela

La SIP condena abusos de poder y actos contra protestas al gobierno de Venezuela

Miami.- Durante su reunión semestral en Antigua, Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) enfatizó su rechazo a la crisis en los poderes del Estado en Venezuela, tras la remoción de la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional, y enmarcó el hecho dentro de un clima de total restricción de las libertades y las garantías mínimas de los ciudadanos.

La SIP emitió dos resoluciones sobre ese país durante su reunión de medio año, una sobre la crisis constitucional provocada por el presidente Nicolás Maduro y la otra sobre el agravamiento de los ataques contra la prensa. 

A continuación, se presenta el texto de dicha resolución:

La Reunión de medio año de la SIP resuelve que, considerando que la situación política se ha venido agravando a pasos agigantados desde las elecciones de fines de 2015, comprometiendo valores democráticos esenciales como la división de poderes, la autonomía del Poder Legislativo, la independencia de la Justicia o el ejercicio de derechos civiles básicos, como la libertad de expresión, el derecho a disentir o el derecho de peticionar a las autoridades, entre muchos otros…

CONSIDERANDO que en los últimos días ese proceso ha alcanzado un pico de gravedad inusitada con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de hacerse de funciones que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Nacional, de desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados que componen dicho organismo, y de encargarle al presidente Nicolás Maduro la tarea de gobernar a través de decretos, mediante un régimen de excepción.

CONSIDERANDO que este nuevo capítulo en el deterioro institucional ha recibido fuertes condenas de diversos países del mundo, que han descripto el mencionado episodio como una clara ruptura del orden institucional y lo han considerado un “autogolpe” de Estado por parte del gobierno de Maduro.

CONSIDERANDO que esta alteración de la división de poderes que caracteriza al orden democrático tiene un impacto directo sobre el ejercicio de la libertad de expresión, ya que no sólo profundiza el avance estatal sobre la oposición política -al permitir el encarcelamiento de miembros de la Asamblea Nacional-, sino que extiende esta amenaza a cualquier crítica u opinión que moleste al Poder Ejecutivo, provenga de quien provenga.

CONSIDERANDO que la criminalización de la protesta social y del ejercicio de la libre expresión vienen acumulando ominosas estadísticas, con un número de presos políticos en franco aumento, periodistas detenidos sin el debido proceso y hechos de violencia cotidianos contra trabajadores de medios de comunicación.

CONSIDERANDO que si bien con posterioridad a la decisión del Tribunal Supremo, y a raíz de las fuertes condenas internacionales, el gobierno de Maduro se vio forzado a pedir la rectificación de la medida, el precedente configura una clara demostración del férreo control político que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y la intención de ambos de anular cualquier tipo de auditoría o participación del Legislativo, lo que violenta no sólo la división de poderes sino las garantías mínimas de los ciudadanos en un Estado de Derecho, además de vulnerar los principios de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos.

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec en su primer principio establece que: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”. 

La reunión de medio año de la SIP resuelve:

-Expresar su condena a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tomadas a instancias del Poder Ejecutivo, de avanzar sobre funciones e inmunidades de la Asamblea Nacional.

-Instar a los países del hemisferio a manifestarse de manera firme y contundente contra este y cualquier otro intento de agravar la situación institucional y seguir comprometiendo el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, civiles y sociales.

-Monitorear de modo urgente y particular la profundización del deterioro de las condiciones para el trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión, e invitar a otras organizaciones globales a trabajar en estrategias conjuntas para defender la labor de la prensa en este contexto.

-Invitar a todos los periodistas y medios de comunicación de las Américas, y en particular a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, a mantener una atenta cobertura sobre el debilitamiento del régimen democrático en el país, de modo de que los ciudadanos del continente puedan conocer con claridad la situación.

-Instar a las organizaciones internacionales, tanto de carácter pluriestatal como de la sociedad civil, a dar las respuestas necesarias y activar los mecanismos pertinentes tendientes a garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos políticos y la plena vigencia de las libertades civiles, en particular el derecho a la libre expresión.

 Además, la resolución fue seguida de un segundo pronunciamiento de la Reunión de Medio Año sobre el agravamiento de la situación de la libertad de prensa en Venezuela:

CONSIDERANDO que la libertad de expresión en Venezuela se ha reducido a un mínimo espacio y se agravan de manera dramática los ataques en contra del ejercicio del periodismo, los periodistas y los medios de comunicación.

CONSIDERANDO que se intensifican las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminalizan la búsqueda y difusión de información

CONSIDERANDO que se ha convertido en práctica recurrente el desalojar a periodistas de calles y avenidas donde se producen las demandas ciudadanas.

CONSIDERANDO que los cuerpos de seguridad y las bandas paraestatales utilizan contra los periodistas e info-ciudadanos violencia física, violencia verbal, intimidación, robo y confiscación de equipos, los expulsan de zonas y edificios públicos.

CONSIDERANDO que el acceso a Internet es cada día más precario, siendo Internet la vía por la que el venezolano se entera mayormente de lo que pasa.

CONSIDERANDO que el gobierno ha desarrollado mecanismos de todo tipo contra la difusión de noticias por Internet, contratando hackers internacionales, bloqueando páginas y amedrentando a los periodistas-web y a los info-ciudadanos.

CONSIDERANDO que la restricción oficial en el suministro de papel sigue reduciendo la cantidad de periódicos que todavía circulan, el tamaño y el número de ejemplares de los mismos.

CONSIDERANDO que se han producido deportaciones y trabas para el ejercicio del periodismo con no menos de 17 corresponsales extranjeros.

CONSIDERANDO que Venezuela ha quedado nuevamente sin posibilidad de acceder a informarse de forma independiente por la censura y prohibición de la que ha sido objeto el canal CNN en español a instancias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que ha solicitado la suspensión de la señal que transmitían las compañías de televisión por suscripción que operan en el país, a raíz de un reportaje en el que un ex funcionario destacado en la embajada venezolana en Irak denunció la venta de pasaportes venezolanos a musulmanes sospechosos de tener lazos con el terrorismo.

CONSIDERANDO que sigue la situación de editores y periodistas exiliados por juicios que no avanzan y la amenaza de cárcel si regresan al país.

CONSIDERANDO que Braulio Jatar, editor de Reporte Confidencial, de nacionalidad chilena-venezolana, sigue preso sin juicio transparente y con grave deterioro de salud.

CONSIDERANDO que el gobierno de Venezuela aún no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la restitución de la señal del canal RCTV, devolución de sus equipos e indemnización.

CONSIDERANDO que en Venezuela se violan la mayoría de los principios expresados en la Declaración de Chapultepec.

CONSIDERANDO que Venezuela ha quedado nuevamente sin posibilidad de acceder a informarse de forma independiente por la censura y prohibición del canal CNN en Español igual que al canal NTN 24 a instancias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)…

La reunión de la SIP resuelve:

-Exhortar a la comunidad internacional a seguir denunciando la grave situación que vive Venezuela.

-Aportar a la OEA más documentos y pruebas relativas al Art. 4 de la Carta Democrática que establece que entre otros principios “son fundamentales para el ejercicio de la democracia la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

-Exhortar al gobierno a que restituya las señales de los canales censurados: CNN en Español y RTN-24 que transmitían las empresas de televisión por suscripción en Venezuela, antes de su censura.

-Dirigirse al gobierno chileno para que sea más contundente en pedir al gobierno venezolano que libere a Braulio Jatar.

-Exigir al Estado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV.

-Aportar información sobre Venezuela a la comunidad internacional y a los organismos mundiales que tienen que ver con derechos humanos y libertad de expresión.

-Exhortar al Gobierno venezolano para que restituya las señales de los canales censurado: CNN en Español y NTN24 que transmitían las empresas de televisión por suscripción.

(Nota de Redacción de OEM en línea)

Redacción Voces del Periodista

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