La Fiscalía General de Colombia ordenó este miércoles la captura de 22 militares activos y retirados en el marco de dos investigaciones por la ejecución de 18 personas en 2004 y 2007.
La medida, adoptada por la una unidad de la Fiscalía especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario, también afecta a dos civiles que habrían actuado en complicidad con los uniformados.
Uno de los casos que compromete a seis militares activos y dos retirados ocurrió el 29 de septiembre de 2004, cuando una unidad adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército dijo que había abatido en un combate a dos miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Ceja, en el departamento de Antioquia.
Los dos hombres que murieron habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. La Fiscalía investiga a los implicados en este caso por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
El otro caso ocurrió en 2007 en La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, donde aparecieron muertas 16 personas.
Según la Fiscalía, 10 militares activos y cuatro retirados, así como dos civiles, figuran en las investigaciones como responsables de esas ejecuciones.
En este proceso los involucrados responden por acusaciones de concierto para delinquir agravado y homicidio.
Los casos de ejecuciones de civiles por parte de militares, llamados en Colombia “falsos positivos”, empezaron a conocerse en 2008 a raíz del caso de unos jóvenes del céntrico municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, que aparecieron muertos en el noreste del país.
La Fiscalía concluyó entonces que dentro del ejército operaba una red dedicada a buscar a desempleados y drogadictos que eran llevados a diversas regiones con ofertas laborales.
Al llegar a esos lugares los muchachos eran ejecutados y vestidos con uniformes camuflados para mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate.
Los militares buscaban con eso premios como condecoraciones o días de descanso, así como aumentar las cifras de las bajas ocasionadas a grupos armados ilegales.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) estima que 3 mil ejecuciones se cometieron entre 2002 y 2008.
Con información de Dpa