NICARAGUA (RT) 18 de mayo de 2018.- Tras semanas de violentas manifestaciones, muertos y heridos, los factores políticos han iniciado conversaciones. Sin embargo, sus peticiones son distintas: el gobierno busca restablecer la paz y la oposición pide la salida del presidente Daniel Ortega. ¿Qué pasará en Nicaragua?
La voz de una joven que leía uno a uno los nombres de las víctimas de las protestas violentas en Nicaragua se pegó a las paredes del Seminario de Nuestra Señora de Fátima, en el suroeste de Managua.
¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas en el país centroamericano para que haya ese número de muertes?
El presidente Daniel Ortega, quien llamó a un diálogo nacional con los factores que le adversan, lo dejó claro en su discurso: “Nicaragua está profundamente herida”. Hace casi un mes, una reforma en el Seguro Social fue el motivo para que los sectores empresariales llamaran a protestas callejeras que han dejado un saldo de fallecidos que varía de 54 a 68, según los partes oficiales o las vocerías de los manifestantes.
Los sectores que se oponen al gobierno de Ortega se plegaron a las demandas empresariales y, días después, el Ejecutivo echó para atrás el proyecto de reforma. Sin embargo, la mecha quedó ardiendo y lo que empezó con manifestaciones reivindicativas ha mutado en un movimiento insurreccional que pide la salida del mandatario y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo: “Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien”, dijo ayer el estudiante Lesther Alemán mientras ejercía su derecho de palabra. La escisión es evidente: el sandinismo quiere el retorno de la estabilidad y sus detractores una dimisión. Bajo ese escenario: ¿qué futuro tienen las conversaciones?
Cosep, alianza y Estado
Uno de los puntos más conflictivos del análisis sobre la situación nicaragüense se encuentra en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Este ente ha tenido una especial influencia en el gobierno de Ortega, luego de que se convirtieran en interlocutor de la “sociedad civil” tras la firma de un acuerdo tripartito entre empresarios, trabajadores y gobierno para garantizar la gobernabilidad y estabilidad en 2009.
La alianza había mostrado resultados positivos: Nicaragua tuvo promedios de crecimiento económico mayores al 4,5% anuales; hoy posee un PIB nominal por encima de los 13.000 millones de dólares; inversiones extranjeras superiores a 1.400 millones de dólares, reservas por el orden de los 2.400 millones de dólares y una inflación de un dígito, como reconoció el mismo presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en un artículo publicado el año pasado.
Este año, el gobierno de Ortega negociaba con la tripartita las reforma en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero repentinamente la representación de Cosep se levantó de la mesa. El Ejecutivo respondió ese gesto con la aprobación de la nueva ley, que implicaba aumentar del 6,25% al 7% las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores; e incrementar del 19% al 22,5% el aporte de los empleadores al seguro social, por concepto de salarios de sus trabajadores. La protesta del sector empresarial fue inmediata porque ellos, como patronos, tendrían que pagar más.
Así comenzó el ciclo de movilizaciones callejeras, signadas por la violencia y los enfrentamientos con la Policía, que provocaron las primeras muertes. En vista de la conflictividad, el gobierno derogó el decreto sobre la reforma jubilatoria para desescalar las tensiones, pero el esfuerzo fue insuficiente. Los sectores que ya estaban en las calles, aunque ya habían logrado el retroceso del proyecto, pidieron más: la salida de Ortega.
¿Presión mediática?
Las actuales diferencias del Cosep con Ortega han sido ampliamente aprovechadas por los sectores que adversan al sandinismo. En medios de comunicación conservadores locales como La Prensa y Confidencial –este último dirigido por el hijo de la expresidenta Violeta Barrios Chamorro– se ha dicho que la vuelta al esquema de consenso con el gobierno implica que la cúpula empresarial “se mancharía con la sangre de los muertos”.
Aunque, a decir verdad, la presión mediática a Cosep no es nueva. El año pasado, Adán Aguerri alegó que en esos mismos medios promovían una “campaña de desprestigio” en contra de la alianza empresarial con el gobierno de Ortega porque pretendían convertirlos en “instrumentos de intereses político partidarios”.
“Esto es parte de una campaña bien montada en contra del Cosep, y en particular de José Adán. Carlos Fernando Chamorro es la cabeza de estos golpes hacia el Cosep, y hacia José Adán (…) su estrategia es contra Daniel Ortega. Ellos quieren ver a Ortega fuera, y nosotros somos un estorbo. Esto se está dando en estos momentos, porque hay la posibilidad de parar el ‘Nica Act’ en EE.UU.“, señaló en esa misma oportunidad el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora.
La mano de EE.UU.
El año pasado, la cámara baja del Congreso norteamericano aprobó la ‘Nica Act’, una ley que pretendía bloquear “los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua“, a menos que este tomara “medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes”.
‘Nica Act’ se impulsó justo después de que el gobierno de Ortega exigiera a Washington el pago una la indemnización sentenciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986: 17.000 millones de dólares por haber sido responsable de “actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”. EE.UU. no hizo la reparación por desconocer la jurisdicción de la CIJ y, en 1991, la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro decidió renunciar al cobro.
Años más tarde, Ortega insistió en la indemnización. No obstante, miembros de Cosep pidieron al mandatario nicaragüense bajar la retórica contra Washington a cambio de cabildear para impedir la aplicación de ‘Nica Act’. A principios de este año se supo que el republicano Francis Rooney, principal impulsor de esa ley, ahora la rechazaba. El proyecto todavía no se ha promulgado.
El temor de las cúpulas empresariales es perder más fuentes de financiamiento: “La cooperación europea desapareció, el apoyo de Venezuela es historia y con la ‘Nica Act’ se pone en riesgo lo poco que nos queda: los préstamos en condiciones favorables de los organismos financieros internacionales”, dijo Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), en julio pasado.
Esa declaración ocurrió días después de que la embajadora de EE.UU. en Managua, Laura F. Dogu, se reuniera con miembros de Cosep y les advirtiera que “la débil institucionalidad, las deficiencias en el Estado de Derecho” y “el elevado control por parte del Poder Ejecutivo” eran los principales impedimentos para que Nicaragua no resultara atractiva para “más inversión”, según refiere un comunicado de la sede diplomática.
Ayer, en el diálogo con el presidente Ortega, las palabras de Adán Aguerri recordaron las de la diplomática estadounidense. Las dos condiciones que puso para continuar en la mesa de negociaciones fueron “seguridad y justicia para los jóvenes y la población, y la democratización, a través de la revisión electoral y un mayor equilibrio de los poderes del Estado”, refiere un despacho de RFI.
Poder blando
El movimiento estudiantil y la Iglesia Católica son los dos actores que han cobrado mayor fuerza en el contexto de las protestas en Nicaragua. Ortega, quien hasta ahora había gobernado sin problemas con el respaldo de la tripartita y reafirmado su liderazgo con una aplastante victoria electoral en noviembre del año pasado, se enfrenta ahora con ‘adversarios’ aparentemente desinteresados en la política.
La potencia de estos factores se magnifica ante el escaso apoyo que tienen los sectores tradicionales de la oposición. Los estudiantes se han convertido en la cara visible de las manifestaciones violentas y las principales víctimas de los choques con la fuerza pública: “La clásica mutación de las revoluciones de color en busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo coloquen en una situación defensiva”, refiere un análisis de Misión Verdad.
El ‘poder blando’ de esos actores no es fortuito porque se ha ido macerando gracias a los aportes de organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), que ha destinado al menos 68 millones de dólares en los últimos dos años para actividades como la ampliación de “las capacidades para la defensa de la sociedad civil”.
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En el accidentado inicio del diálogo, el presidente Ortega reiteró su condena a los asesinatos de los jóvenes y afirmó que esas situaciones sólo se resuelven en el marco de la justicia, “por eso hemos invitado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”. El mandatario aseveró que la “Policía tiene órdenes de no disparar”, pero denunció que los manifestantes atacan con armas de fuego y muchas de sus movilizaciones han sido infiltradas por bandas paramilitares: “Eso explica por qué en Matagalpa tenemos cuatro oficiales heridos, esos no son angelitos los que andan baleando, aquí lo importante es que nosotros tenemos pruebas de que la Policía solo actúa cuando la población los llama”.
El primer día de conversaciones no fue demasiado fructífero. El jueves pasado, la delegación de la CIDH llegó a Managua para incorporarse a los debates y se espera que este viernes inicie la segunda ronda del diálogo. Mientras tanto, en varios puntos del país persisten las protestas, el bloqueo de vías y la conmoción por la muerte del cineasta guatemalteco Eduardo Spiegler, quien fue aplastado por una gran estructura en Managua tumbada por los propios manifestantes.
“Hoy la Nicaragua que crecía, atraía inversiones, respiraba trabajo y paz, esa Nicaragua está profundamente herida y quiero hacer el llamado a que se facilite el tránsito de las familias, todas las actividades económicas y del país están paralizadas, tenemos la responsabilidad de cruzar de este momento trágico para instalar las bases de nuestro país”, ha dicho Ortega.
Aunque el momento más comentado hasta ahora ha sido la lectura de la lista de las víctimas por parte de los estudiantes, las palabras que más preocupan son las proferidas por Monseñor Juan Abelardo Mata al presidente Ortega: “Ha comenzado, con dolor lo digo, una revolución no armada”. ¿Una revolución de colores?
VP/Internacional/NG