La semana pasada los diputados aprobaron una modificación a las normas federales para que quien maneje usando el teléfono para textear o whatsappear pudiese recibir sanción de cárcel hasta por 3 años. En el Senado ayer parece haber quedado claro que esta iniciativa será descafeinada y no habrá sanciones tan severas.
Aún la idea de imponer de 1 a 3 años de prisión a quien cause un accidente vehicular por manejar y usar al mismo tiempo el teléfono celular para hablar o mandar mensajes de texto, desató la polémica entre los senadores, quienes pidieron evaluar las sanciones al considerar que son excesivas.
Este jueves, el Senado recibió de la colegisladora la minuta que modifica el Código Penal Federal para imponer esta pena a nivel nacional.
La priista Cristina Díaz Salazar declaró que aquellos conductores que provoquen un accidente por “textear”, “whatsappear” o hablar por celular merecen ser privados de su libertad. Aunque, consideró que la pena que se propone es alta y deberá revisarse.
“Yo creo que sí merecemos ese castigo o esa sanción administrativa, para ser más cuidadosos. (…) Que la parte pecuniaria es alta, entonces revisar si se puede moderar”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez, opinó que la propuesta podría violentar la Constitución y calificó de absurdas las penas de cárcel.
“Más bien yo tengo dudas de que pueda tener constitucionalidad esa reforma que decidió la Cámara de Diputados, puesto que este asunto es evidentemente competencia del ámbito local”, explicó.
La perredista consideró como “verdaderamente absurda” esa medida que no se imponen ni siquiera frente a una difamación, algo que dañe al honor o la dignidad humana.
“Me parece que esa situación de querer estar usando la ley, para castigar en asuntos que son bagatelas jurídicas, ha llevado también y ha contribuido a la crisis que tenemos en los reclusorios en todo el país”, advirtió.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, también se pronunció por analizar detenidamente esta iniciativa, para revisar si es constitucional o no.
(Nota de Alejandro Páez para La Crónica)