Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen del sistema nacional anticorrupción, el cual mañana será expuesto al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.
La reforma modifica 15 artículos de la Constitución para establecer nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nuevas atribuciones al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TSJFA), el establecimiento de la obligatoriedad a los servidores públicos de presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés.
El dictamen también establece que el nombramiento del Secretario de la Función Pública (SFP) será ratificado por el Senado, procedimiento que no aplicará al funcionario que esté al frente de la institución al momento que entren en vigor las reformas constitucional.
“Cabe destacar que en el artículo Octavo transitorio del presente Decreto, establece que los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados”, aclara el dictamen.
La ratificación del Secretario de la Función Pública fue uno de los temas sobre el que los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo de última hora, debido a que el PRI se oponía a este procedimiento.
La reforma, también establece la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo Comité Coordinador será integrado por los titulares de la ASF, el Tribunal Administrativo, el Fiscal Anticorrupción, el presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y uno del Comité de Participación Ciudadana.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, acusó que la reforma es una simulación más que permitirá al PRI y al PAN hacer campaña en las próximas elecciones.
El legislador dijo que hubo una negativa a reformar el Artículo 108 constitucional respecto de las responsabilidades en las que puede incurrir el Presidente de la República, dentro de las cuales no está el conflicto de interés ni la corrupción.
En este mismo sentido se pronunció el legislador perredista Fernando Belaunzarán, quien aseguró que en cualquier democracia avanzada del mundo el titular del Poder Ejecutivo es responsable por incumplimiento a principios constitucionales, así como por delitos de corrupción.
Con información de Reforma