Acusados de ser responsables de más de 5 mil accidentes carreteros al año y unas mil 500 muertes en el mismo periodo, así como daños millonarios a la infraestructura federal, los camiones de doble remolque están de nueva cuenta en el ojo del huracán y, como años atrás, se busca retirarlos de la circulación, pero la batalla no será fácil, pues existen fuertes resistencias empresariales y políticas, que apoyados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) —según acusan legisladores— buscan hacer naufragar nuevamente esta demanda.Sin contar las que se han presentado desde hace varios años, a la fecha se encuentran “congeladas” al menos seis iniciativas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, que en esencia plantean prohibir la circulación de los camiones doblemente articulados, también llamados “fulles”, aunque con escasas o nulas posibilidades de que salgan en este periodo ordinario que termina en diciembre.
De acuerdo con los legisladores que presentaron dichas iniciativas se han topado con la “connivencia”, complicidad, reticencia o debilidad, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que –aseguran— cede a los intereses de esas grandes empresas.
“Absolutamente. Hay fuertes intereses (…) la SCT está en connivencia con este gran fraude y crimen que se le hace al pueblo de México. Eso hay que decirlo con claridad: es un crimen lo que se comete todos los días en las carreteras del país con paciencia, tolerancia y connivencia de la SCT”, sostiene el senador del PRI, Patricio Martínez, autor de una de las iniciativas en la materia.
Aunque la batalla apenas empieza, los posibles conflictos de interés de algunos legisladores, complicidades, un deliberado desinterés gubernamental, sumado a los poderosos intereses económicos respaldados por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin ) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) que agrupa entre otros a FEMSA (distribuidora de Coca Cola y dueña de OXXO), Peñoles, Cemex, Grupo Modelo y Bimbo, siempre han logrado su objetivo de descarrilar o, en su defecto, “descafeinar” esta medida.
“Sí hay fuertes intereses, quien están promoviendo que se queden los dobles remolques es Concamin, se han reunido conmigo”, revela el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, otro de los que presentó una iniciativa para prohibir la circulación de los fulles.
Dice que los industriales pretenden convencer a los legisladores de las “bondades” y ventajas de los doble remolques en aras de la competitividad de las empresas y generación de empleos a fin de frenar esas iniciativas. Además de advertir que podría haber un impacto en la inflación.
Si el Congreso fuera absolutamente independiente –agrega- ya hubiera una mayoría para su aprobación, pero el PRI y el gobierno ya sacaron una posición pública, el secretario (de comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza) debería estar a favor de impedir la circulación de estos vehículos, modificando la regla oficial 012, que es aquella que emite la SCT para regular el transporte de carga de pasajeros y turístico.
“Claro que hay intereses económicos muy poderosos que no quieren que esto ocurra. Es lamentable que la SCT en concreto se haya erigido como defensoría de parte de este tipo de vehículos, es lamentable, me parece gravísimo. (…) Son los grandes consorcios de la construcción y agroalimentarios, ellos que forman la Asociación Nacional del Transporte Privado, han sido los que están en contra de estas iniciativas”, confirma el secretario de la comisión de transporte de la Cámara de Diputados, Jorge López Martín.
“Canacar, FEMSA, no quieren que haya estas medidas, pero no hay marcha atrás, tenemos que afinar todas las aristas”, secundó el diputado panista, Francisco Gutiérrez de Velasco, quien tiene otra iniciativa.
Datos oficiales proporcionados por el Instituto Mexicano del Transporte, de un universo cercano a los 30 mil accidentes anuales, el tracto-camión doblemente articulado participa en el 3% de los casos, genera el 2.2% de fatalidades y el 1.6% del total de lesionados, esto entre el periodo del 2008 y 2012.
Según el secretario de la Comisión de Transportes en San Lázaro, Arturo Santana, este tema de los dobles remolques no es un tema prioritario en este periodo ordinario de sesiones y por ello tiene pocas posibilidades de salir.
“No se ha planteado como tal, soy parte de la junta directiva de la comisión y no se ha planteado como tal en el seno de la comisión”, asegura el diputado perredista.
Para el panista, López Martin, dependerá en mucho de la voluntad política del PRI. “El balón está en la cancha del PRI, el único que la puede ‘chicanear’ y retrasar su dictaminación es el PRI. Solo quiere estarlo utilizando solo como un discurso político, para salir de la presión social pero no aterrizarlo en una reforma legislativa”, acusa.
Pese a este panorama, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la ANTP y la Concamin mantienen su cabildeo al interior del Congreso y argumentan que la industria tendría que desembolsar alrededor de cinco mil millones para compensar alrededor de 48 mil camiones doble remolques que transitan por la red carretera de México.
Sospechas y… ¿conflicto de intereses?
Otro factor que acusan algunos legisladores es un posible conflicto de interés de algunos diputados, como el propio presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el panista Alfredo Rodríguez Dávila, quien es dueño y director de la empresa Corsa Transportes, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque.
Diputados del PAN confían en que su compañero de partido se mantenga al margen y no trate de influir para impedir que se prohíba la circulación de los “fulles” o dobles remolques, pero no descartaron cualquier posibilidad de interferencia.
“Sí hay legisladores con conflicto de interés, de cuatro o cinco diputados contra 30 que somos en la comisión. El presidente de la comisión es uno, pero hay mucha presión…”, reconoce el panista, Francisco Gutiérrez de Velasco.
“Claro que hay sospechas y es válido, pero el asunto es ver cuál es el desempeño y la valoración de si se atiende el interés social o el particular”, admite por su parte el también panista Jorge López Martín.
—¿Pueden incidir ese tipo de legisladores?, se le cuestiona a López Martin.
—Como posibilidad sí. Yo no lo he visto, pero tampoco puedo ser tan irresponsable de decir que no. Claro que podría ocurrir, pero hasta ahora no lo veo de esa manera, por eso he solicitado que las sesiones de la comisión sean públicas.
El perredista Arturo Santana considera que se tiene que poner especial atención a estos legisladores para determinar si tienen algún interés particular, pues ello daría un conflicto de interés, por lo cual los llamó a anteponer la vida de las personas a los intereses económicos.
(Nota de Alejandro Páez Morales para La Crónica)