La Diputada Magdalena Núñez con motivo del día mundial del Internet destacó que México registró 40.9 millones de personas de seis años o más usuarias de los servicios que ofrece la Internet, mostrando una tasa de crecimiento, de 14.1 por ciento en el periodo 2006-2012, según información de la encuesta temática en hogares sobre el acceso a Internet en los hogares y de su uso por los individuos, que realiza de manera anual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo con base en cifras comparativas disponibles de hogares con acceso a Internet y a una computadora de algunos países latinoamericanos, México se encuentra dentro del grupo rezagado de esta región, superado por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay desde el 2010, por lo cual “Es necesario poner mayor atención en el tema y desarrollar políticas públicas que permitan a la ciudadanía tener acceso a Internet ya que es una herramienta que cada vez adquiere mayor importancia”, dijo la Legisladora por Zacatecas.
Así mismo la Diputada Núñez expresó que el promedio de porcentaje de hogares con acceso a Internet del grupo de países de la OCDE, del que México forma parte, es del 71.6 por ciento en 2011, mientras el de México es del 25.9 por ciento en 2012 lo cual es alarmante, ya que de los hogares con computadora (9.8 millones), 18 por ciento señaló no contar con conexión a Internet; de éstos, más de la mitad registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red.
Además, mencionó la legisladora que las nuevas tecnologías están siendo una fuente de información para la comisión de delitos graves como la trata, el secuestro o la extorsión.
“Se deben tomar medidas de prevención para evitar que sigan existiendo este tipo de problemas”, enfatizó Magdalena Núñez, quien el pasado mes de marzo presentó una iniciativa a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes denominado -Del Derecho a la navegación segura en Internet-.
Finalmente subrayó: “El Poder Legislativo debe de atender esta problemática actualizando la norma para hacerla una herramienta que propicie políticas de prevención del delito y genere condiciones más favorables para un desarrollo sano e integral de todas las ciudadanas y ciudadanos”.