Por 62 votos a favor y 13 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, con lo cual se transfieren las funciones de las 110 Capitanías de Puerto que hay en el país a la Secretaría de Marina, quien ahora las tendrá bajo su resguardo, supervisión, inspección, verificación y sanción.
A la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se le queda todo el tema de la marina mercante. El presidente de la comisión de Transportes del Senado, Javier Lozano, aseguró que no se militarizan los puertos de nuestro país pues solo se trata de que la Marina garantice la seguridad en esos lugares.
Tampoco implicará un presupuesto adicional ni se liquidará a trabajadores marítimos, aseveró. “Esto no afecta el comercio, las actividades portuarias, la marina mercante, la operación de las API”, aseguró.
El tema desató un agrio debate, donde senadores del PT, como Manuel Bartlett y Layda Sansores, advirtieron los riesgos de militarizar los puertos y alertaron sobre los despidos que implicará ello, como ha sucedido en Campeche con los trabajadores petroleros.
Desde su lugar, Carlos Romero Deschamps rechazó que esto suceda, pero Sansores lo acusó de “candoroso o perverso”. “Usted ha traicionado a los trabajadores, ha entregado todo, sea valiente y suba aquí a decir lo que tenga que decir, nunca sube…”, retó Barttlett.
Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, corresponderá ahora a la Secretaría de Marina “otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.
“Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos; administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; el cumplimiento de tratados internacionales, la legislación nacional y los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, salvaguardando la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación marina; la imposición de sanciones y nombrar y remover a los capitanes de puerto”, entre otras.
A su vez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponderá la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimo-portuarias, de dragado, el desarrollo de la industria marítima, las concesiones, permisos y tarifas, a través de las oficinas de servicios a la marina mercante.
Otras funciones que le competen son las de “planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la marina mercante, y de los puertos nacionales; llevar el registro público, marítimo nacional; prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, entre otros”.
A la Semar también corresponderá regular y vigilar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico marítimo y ayuda de navegación.
(Nota de Alejandro Páez para La Crónica)