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Denuncian actitud represiva del Gobierno de la Ciudad de México

Denuncian actitud represiva del Gobierno de la Ciudad de México

* Mencionaron que ha amenazado a miembros del movimiento de trabajadores, lo que pone en riesgo su seguridad y la de sus. familias

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2017.- La actual administración de Gobierno en la Ciudad de México, ha venido presentando cambios en las formas de contratación con su personal de tal forma que parece darnos la panacea a todos los males de los trabajadores, sin embargo sobresale la simulación, lo que se traduce en mayor precarización laboral y salarial.

Así, la aparición del programa de “estabilidad laboral”, que se presentó con bombo y platillo en 2015, en realidad no representa la estabilidad que tanto han anhelado los trabajadores eventuales; ya que deja muy lejos el derecho a la universalidad de prestaciones laborales.

A pesar de esto que afecta a un poco más de 40 mil trabajadores, en las Delegaciones Políticas u organismos Autónomos, como suelen llamarles se mantienen otras dos formas de contratación con contratos denominados “basura” ya que no contemplan ningún tipo de prestación y carecen de seguridad social; estos contratos son conocidos como de “autogenerados” y de “vinculadores”, esto sin tomar en cuenta que prevalecen contratos de “honorarios” honorarios asimilados a salarios” y “voluntarios”, la mayoría de ellos con salarios que apenas rebasan el salario mínimo oficial.

Lo curioso de todo esto es que, estos trabajadores realizan exactamente las mismas funciones que los trabajadores de base, situación que rompe el precepto constitucional que establece que: “a trabajo igual corresponde salario igual”.

Tales preceptos como el CF (código funcional), CP (código provisional), CT (código temporal) a los cuales hay que sumarle el Universo “T” tienen como lógica evitar que los trabajadores gocen de las prestaciones que contemplan las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.

Todo esto lo han venido desarrollando en acuerdo con la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Ciudad de México; que además acepta que se niegue la libertad de sindicalización ya que el propio Gobierno niega a miles de trabajadores se les coloque en su respectiva nómina, el dígito sindical, correspondiente a alguna de las 42 secciones sindicales.

El total de trabajadores que se encuentran tanto con la aplicación de un código irregular, así como de los que carecen de dígito sindical, está rebasando los 50 mil trabajadores de los cuales el gobierno se ahorra en promedio 45 mil pesos al año equivalentes a las prestaciones que están señaladas en las Condiciones Generales de Trabajo.

No es necesario señalar que estas acciones de gobierno son violatorias de la legislación laboral, pues ha ojos vistos se puede observar como las condiciones de trabajo de autogenerados y vinculadores con todo y la precariedad que ello conlleva se mantienen sin seguridad social y por ende sin derecho a ser jubilados o pensionados. Lo mismo por lo que se refiere a los trabajadores de Nómina 8.

Pero lo peor de todo, es que si un trabajador considera injusta la situación que vive su relación de trabajo, con el Gobierno Patrón y busca la intervención de la justicia, acudiendo a tribunales, inmediatamente es despedido dejándolo prácticamente en el desamparo, esta medida para negar el acceso a la justicia es propia de gobiernos totalitarios y no de un “Gobierno Democrático” como erróneamente se le identifica al actual Gobierno de la Ciudad.

Los trabajadores que se organizan para canalizar su descontento frente a esta situación o aquella que derivada de actitudes plenipotenciarias, muy común entre funcionarios de mediana estructura que tan solo por considerar que se contravienen sus visiones amenazan y ejecutan el despido sin miramientos y careciendo de justificaciones legales a estos trabajadores; tal y como han venido padeciendo trabajadores agrupados en la Unión General de Trabajadores, la Asamblea Nacional de enfermeros y la Asamblea General de Trabajadores.

La crítica a esa política laboral que como hemos visto, está plagada de ilegalidades, está vedada en el GDF, quienes la defienden en contubernio ocupan las áreas de administración del trabajo y la cúpula del SUTGCMEX, teniendo ellos el control administrativo se valen de ese poder para imponer sus criterios y sancionar hasta con el despido a quien se atreve a criticarla.

Pero ahora la situación se agrava, pues estos funcionarios llevan su intransigencia a un grado de mayor preocupación pues en días recientes un miembro de la Comisión Política de la AGT ha recibido llamada intimidatoria que ponen en riesgo su seguridad propia y la de su familia, el tono amenazante de estas llamadas no dejan lugar a dudas se trata de frenar su activismo y el desarrollo de la Organización.

Efectivamente Omar Ramos García fue advertido de “bajarle” o “atenerse a las consecuencias”

Por esta razón quienes se encuentran organizando en el Sindicato de Trabajadores Eventuales “Valentín Campa”, en la Asamblea General de Trabajadores y en el Colectivo de Trabajadores de Transformación Laboral han decido impulsar juntos una jornada de Lucha en contra de los despidos y por la dignificación laboral, que contiene demanda de Basificación Plena para todos los Trabajadores y salario digno, Jornada que incluye paradas frente a la oficinas de Gobierno, un mitin frente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, así como la realización de una marcha que partirá de la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para llegar a las Oficinas de la Secretaria de Finanzas donde pretender instalar un plantón por tiempo indefinido a partir 11 de septiembre de 2017.

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista


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