Ayer por la tarde el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, entregó al procurador capitalino, Rodolfo Ríos, una lista de 700 predios invadidos por la Asamblea de Barrios y otras organizaciones, a fin de que se realicen las averiguaciones previas correspondientes y se proceda a la liberación inmediata de los mismos.
En este informe se detalla que las colonias con mayor número de predios invadidos son Centro, Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Tabacalera, Buenavista y Atlampa, principalmente. Un porcentaje importante de estos 700 terrenos tienen protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o con algún valor artístico.
“La invasión de inmuebles fue una práctica tolerada durante años por las autoridades, pero en Cuauhtémoc se acabó ya está práctica. Estamos por una estrategia integral de combate a la delincuencia, por lo que reitero el llamado a formar un frente común con autoridades locales y federales”, destacó el jefe delegacional.
La delegación informó que en el documento entregado a la Procuraduría capitalina se detalla la localización y estatus de cada uno de los predios ocupados ilegalmente, producto de labores de inteligencia y de protección civil realizadas por la autoridad delegacional.
“La cifra de bienes invadidos es, sin duda, alarmante y demuestra un alto grado de descomposición social, por lo que es apremiante intervenir y evitar que ésta se profundice, para que podamos retornar al estado de derecho al que todos debemos someternos”, señala el informe.
Estos inmuebles invadidos son usados, en muchas ocasiones, como punto de reunión para la comisión de diversos ilícitos como robo, extorsión, delitos contra la salud, en su modalidad de venta y consumo de narcóticos, trata de personas y otros, lo que provoca una afectación a los vecinos.
“Consecuencia del exponencial crecimiento de la población que se ha registrado en la ciudad, en los últimos años, se han generado problemas por la falta de vivienda, situación que ha propiciado el surgimiento de diversos grupos que se dedican al despojo de bienes inmuebles, bajo la bandera del derecho humano a la vivienda”, se lee en el documento.