Añaden 7 denuncias contra la administración de Roberto Borge en Quintana Roo

Añaden 7 denuncias contra la administración de Roberto Borge en Quintana Roo
Como resultado de las auditorías realizadas a la pasada administración gubernamental de Quintana Roo, el gobierno de Carlos Joaquín González presentó formalmente 7 nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones, por un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos.
Estas nuevas denuncias se suman a las dos interpuestas en noviembre pasado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial de la entidad.
 “Es un proceso de auditorías y habrá más denuncias mientras avancen las revisiones”, señaló el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, quien junto con el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, ofreció una conferencia de prensa para informar las 7 nuevas denuncias presentadas ante la Fiscalía General del estado.
Se trata, dijo, de denuncias por delitos cometidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que pone de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración se presentaron de manera generalizada y organizada.
Previamente, en entrevista televisiva, el gobernador Carlos Joaquín González adelantó algunos nombres de ex funcionarios que están siendo investigados y señalados por las irregularidades.
En el grupo están Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte; Ariel Federico Meeser Soureau, ex subsecretario de la Secretaría Infraestructura y Transporte; Andrés Canul, ex subsecretario de la Secretaría Infraestructura y Transporte; Eliezer Villanueva, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Paulina García Achach; ex secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y Mauricio Rodríguez Marrufo, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
En la conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, López Mena, apuntó que “como el gobernador Carlos Joaquín afirmó durante su campaña y de acuerdo al compromiso con la ciudadanía, este gobierno sancionará la corrupción de gobiernos previos y va a prevenir que no se lleven a cabo nuevas irregularidades, las que de realizarse serán severamente sancionadas”.
Indicó que en el actual gobierno se están dando pasos firmes para combatir impunidad y la corrupción con acciones concretas para que los servidores públicos hagan transparente su patrimonio, su red de relaciones y sus obligaciones fiscales, y también, acciones para desarticular el blindaje que el anterior gobierno había construido para evadir toda responsabilidad frente a la ley.
“Para disminuir las desigualdades resulta fundamental luchar contra la corrupción, la que provoca que los recursos públicos destinados a atender las necesidades de la gente para que tenga más y mejores oportunidades terminen en los bolsillos de unas cuantas personas, de unas cuantas familias o de algún grupo que los emplea para perpetuarse en el poder y repartirse el botín: Esto no lo vamos a permitir más”, aseguró.
Del Pozo, entretanto, confirmó que están involucrados lo mismo los ex titulares de las dependencias que servidores públicos de menor rango.
Explicó que en el caso de Seduvi ya se había denunciado la enajenación de predios por debajo de su valor y la aplicación de subsidios que no tienen sustento legal.
En esa denuncia se señalaron al menos 11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio del estado.
(Nota de Rafael Martínez para La Crónica)
Redacción Voces del Periodista

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