El Pleno de la Sala Superior confirmó, por mayoría de cinco votos, el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Morelos, por el que se aprobó la distribución del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para el ejercicio ordinario 2013.
El acuerdo fue impugnado por el Partido Nueva Alianza, quien cuestionó la asignación de recursos derivado del porcentaje de votación obtenido en la última elección a partir de una interpretación de la cláusula 7ª del Convenio de la coalición Compromiso por Morelos, celebrado por el actor con el Partido Revolucionario Institucional para contender en la elección a los cargos de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 10 y 17 por el período 2012-2015.
Al manifestar su disenso con el proyecto, la magistrada Alanis Figueroa precisó que la interpretación gramatical no es suficiente. Al respecto, señaló que no podía afirmarse si fue error o no de los partidos la redacción de la cláusula 7ª del convenio de coalición, pero que desde un punto de vista jurídico, no era posible tomar la votación total efectiva de la entidad, pues se estaría desviando la base con la que se distribuye el financiamiento entre partidos políticos. Explicó que independientemente de quién saldría perjudicado, el proyecto de resolución cambiaba incorrectamente la proporción de votos obtenidos entre los partidos coaligados.
Indicó que tanto el Instituto, como el Tribunal Electoral de Morelos actuaron correctamente en el sentido de que el 15% de la votación a considerar para el PANAL era exclusivamente la de la votación que obtuvo la coalición en los seis distritos y no, como lo sostenía el proyecto, de la votación total emitida en el estado. En ese sentido, Alanis manifestó que es relevante la distinción con el SUP-JRC-86/2008, puesto que en el presente caso se trata de una coalición parcial.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, proponía revocar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos -que en su momento ratificó el acuerdo- ya que en su opinión los partidos políticos coaligados decidieron que la distribución de los votos obtenidos tendría como punto de referencia la votación total efectiva en la elección estatal para diputados de mayoría relativa en los distritos electorales I, II, III, IV, X y XVII y no así la votación total obtenida sólo por la coalición. La mayoría de los magistrados se pronunció en contra de la propuesta.
En la sesión pública se resolvieron: 1 asunto general, 545 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 juicios de revisión constitucional electoral, 2 recursos de apelación y 2 recursos de reconsideración, lo que hace un total de 554 medios de impugnación; además de un incidente sobre cumplimiento de sentencia.