Detiene la PGR a Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la CNTE

Detiene la PGR a Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la CNTE
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer la detención de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección 22, entre ellos el secretario general de ese gremio, Rubén Núñez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 24 millones de pesos.
La orden de aprehensión fue librada por el juez octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en contra de Núñez, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la PGR continuará con la investigación contra otros miembros de la CNTE por estos delitos.
Se estima que la posible obtención ilícita de más recursos por los  ahora detenidos asciende a más de 132 millones de pesos; así como la probable participación de otras personas y la comisión de otros ilícitos, por lo cual seguirán las indagatorias.
El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado es resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el periodo comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los convenios calificados de ilícitos.
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, informó que se logró acreditar que los recursos económicos fueron adquiridos por Núñez, derivado de la suscripción de convenios ilícitos con empresas cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.
La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección 22 con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal de 3.5 por ciento.
Esto calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados o representados, a quienes se les descontaba el pago a través de la nómina que se administraba cuando la Sección 22 aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.
Las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial los montos de la comisión ilegalmente pactada y éstos a su vez distraían esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y financiar las movilizaciones.
Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas.
El funcionario recordó que la ley prohíbe ese tipo de convenios, dado su carácter eminentemente lucrativo, de conformidad con los artículos de 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
“Los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, sólo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió”, estableció.
El subprocurador recordó que hace algunas semanas fue detenido el secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año se le dictó auto de formal prisión.
Redacción Voces del Periodista

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