Luego de sostener una reunión con los padres del normalista desaparecido de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero –Martina de la Cruz y Margarito Guerrero Tecoapa, ambos campesinos de Omeapa, Tixtla– los integrantes del Equipo Argentino de Antopólogos Forenses (EAAF) que actúan como coadyuvantes de la investigación aseguraron que “solo puede ser considerada como una posibilidad” el resultado obtenido por el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, que logró identificar el ADN mitocondrial de un fragmento óseo encontrado en el río San Juan como perteneciente a Jhosivani.
El indicio, señala el EAAF en un comunicado que se distribuyó pasadas las nueve de la noche, es “débil y no definitivo”. A ello se suma la falta de evidencia segura de que los residuos encontrados por hombres rana de la Marina y entregados a agentes de la PGR procedieran efectivamente del basurero de Cocula. “Los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos”. El documento recuerda que la diligencia de “recuperación de restos” que se realizó el 28 de octubre del año pasado se realizó sin que fueran convocados los peritos coadyuvantes, a pesar de que había un acuerdo de trabajar en todos los pasos de la investigación de manera conjunta.
El EAAF reiteró anoche lo que sostuvo el pasado 7 de febrero, una semana después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunciara sus conclusiones sobre el caso Iguala. En esa ocasión, los peritos independientes pusieron en duda que el fragmento óseo que fue identificado como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio hubiera sido incinerado en Cocula y arrojado al río. Hoy sostienen la misma reserva respecto a la segunda identificación.
Asientan: “El EAAF no estuvo presente en el momento en el que los buzos y los peritos de la PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre de 2014 una de estas bolsas del río San Juan. El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento del hueso que PGR indicó haber recuperado de dicha bolsa”.
Por todo ello, concluyen que el de Iguala “es un caso abierto; no cerrado”.
Con información de La Jornada