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El INAI organiza jornadas en el país para analizar el problema de robo de identidad

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emprendió en distintos estados del país jornadas de sensibilización en torno al problema del robo de identidad, sus consecuencias y las medidas para prevenirlo.
En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, las comisionadas y los comisionados del INAI dictaron conferencias magistrales sobre el tema en Oaxaca, Durango, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana Roo y Campeche.
En un comunicado, el organismo señaló que en eventos simultáneos, demandaron que el INAI tenga más facultades para poder cooperar con otras autoridades en la persecución del robo de identidad, en la Ley General de Protección de Datos Personales, cuyo proyecto está en análisis en el Congreso de la Unión.
Detalló que en Oaxaca, la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, sostuvo que en México enfrentamos grandes retos de cara a la protección de la privacidad, identidad y los datos personales de las y los mexicanos.
“Si bien una de las principales dificultades al momento de abordar esta problemática es que actualmente no existe el tipo penal del robo de identidad a nivel federal, es importante que en Oaxaca se encuentren también disposiciones específicas al respecto”.
En San Luis Potosí, la comisionada María Patricia Kurczyn, destacó la necesidad de promover el conocimiento entre los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos personales. En Morelos, la comisionada Areli Cano Guadiana, advirtió que el país carece de una regulación general para este acto delictivo.
Mencionó que sólo Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas tienen regulado este delito o alguna de sus variantes.
Aun cuando está regulado en estos estados, existen diferencias, pues en algunos hacen alusión expresamente al robo de identidad, otros a la usurpación, otros a la suplantación de identidad y, aunque en todos los casos el delito amerita prisión y multa, la temporalidad de la privación de la libertad y el monto económico suele variar en cada uno, subrayó.
En Durango, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, consideró que se debe garantizar la protección de los datos personales en poder del sector público, pero también los que están en posesión de particulares, donde hay cinco millones de bases de datos, como en las escuelas privadas, médicos, abogados y gimnasios.
En Sinaloa, el comisionado Oscar Guerra Ford señaló que los datos personales en ese estado y en muchos más, se protegen a través de las leyes de acceso a la información, pero como derecho humano, tienen una lógica propia que hace necesaria una normatividad y una ley específicas.
Por ello, dijo, una vez que el Congreso de la Unión apruebe el dictamen de una Ley General de Protección de Datos Personales, el cual está en comisiones, se abrirá un periodo de un año, para que todas las entidades tengan que reformar o crear sus leyes.
En Chetumal, Quintana Roo, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que la forma de nombrar este delito no es homogénea y las sanciones varían en los 16 estados del país que lo castigan, por lo que se debe tipificar en el Código Penal Federal.
Además, se deben evitar las disparidades que existen en la actualidad y que se prevea en la Ley General de Protección de Datos Personales, que emita el Poder Legislativo, y de la regulación que de ella derive, mayores atribuciones al INAI para que coopere con otras autoridades en el combate a este delito, enfatizó Monterrey Chepov.
En Campeche, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que es urgente la coordinación entre autoridades para fortalecer las medidas para prevenir, perseguir y combatir el robo de identidad.
Señaló que para facilitar la intervención del Instituto en el combate del robo de identidad es fundamental que en la Ley General de Protección de Datos Personales, pendiente de discutirse y aprobarse en el Senado de la República, se le otorguen atribuciones para cooperar con otras autoridades.
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