CHAPINGO, Estado de México, 14 de mayo de 2018.- Gerardo Noriega Altamirano, profesor–investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), condenó y rechazó la iniciativa de Ley promovida por el Partido Verde Ecologista de México porque criminaliza la producción alimentaria de los pequeños agricultores y campesinos y busca proteger a los corporativos internacionales que hacen negocio en nuestro país.
En entrevista a medios, advirtió que está iniciativa de ley, que estará en análisis en el Senado de la República, persigue y criminaliza a campesinos, indígenas y pequeños agricultores por el hecho de elaborar sus propios fertilizantes y minerales con el fin de mejorar la calidad de su tierra y alimentos.
Sostuvo que de pasar dicha ley, sería previsible una alza en los precios de los alimentos, ya que todos los insumos tendrán que ser adquiridos a los grandes consorcios, los cuales tabulan sus precios en dólares.
Por ello, el profesor–investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano, llamó a defender la producción nacional de alimentos a través de una política de Estado que favorezca el desarrollo sustentable de los suelos de México.
El especialista de la UACh acusó al Partido Verde Ecologista de México de ser el defensor de la organización Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT) integrada por medio centenar de empresas como Bayer, Monsanto, Dupont, Singenta y Basf, entre otras.
Dijo que el texto del mencionado artículo prevé diferentes sanciones “al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil la Unidad de Medida y Actualización”.
Entonces, explicó el especialista, está claro que el campesino que elabore, por ejemplo, un mejorador de suelos, que puede ser una composta o una mezcla de minerales, podría ser acusado de violar la Ley, porque carecerá de la documentación que le permita comprobar la “legalidad” de sus productos.
Eso significa que los agricultores mexicanos sólo deberán utilizar insumos agrícolas de patente y, por tanto, tendrá un incremento en sus costos de producción, que se verá reflejado en los precios que pagan los consumidores.
Explicó que en el país funcionan alrededor de 700 organizaciones de productores orgánicos, cuyos insumos carecen de patentes o registros, aunque cumplen con la normatividad orgánica vigente. Si el Senado avala el artículo 465 bis de la Ley General de Salud, las colocará inmediatamente en la “ilegalidad” y se podrá proceder penalmente contra sus agremiados.
Es evidente, concluyó, que el Partido Verde Ecologista busca privilegiar a los corporativos internacionales como proveedores nacionales de insumos agrícolas, argumentando que buscan mejorar la fertilidad de los diferentes suelos nacionales.
Continuará.