Por no afectar su imagen, los gobiernos ignoran el tema de los desplazamientos forzados y el país carece de un padrón oficial sobre las personas obligadas a huir por la violencia del crimen.
SIERRA MADRE OCCIDENTAL. — Los 27 integrantes de la familia Hernández viven en una casa ubicada a cinco metros de un acantilado, en Culiacán, Sinaloa. La vivienda no tiene puertas, ni agua potable, ni energía eléctrica. Su hogar es un inmueble hecho de láminas, tablas viejas, cartón, ladrillo y adobe, que ni siquiera es suyo: lo invadieron cuando se hallaba abandonado.
Ahí viven 18 niños, tres mujeres, tres hombres mayores de 20 años y tres ancianos. Los de mayor edad son originarios de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, pero después migraron y crecieron la familia en La Mesa, Sinaloa de Leyva, un poblado enclavado en la Sierra Madre Occidental, al lado de un río, en los límites con Chihuahua.
Ellos, al igual que los 25 mil desplazados internos por la violencia en Sinaloa —según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una ONG fundada hace 30 años— huyeron de su pueblo para salvar la vida.
Juan Ernesto Millán, secretario de Desarrollo Social de Sinaloa y coordinador de un comité local intersecretarial que se creó para atender los desplazados internos, admite que el tema se ha abordado con base en esfuerzos aislados, no como una política de Estado con la intervención de los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sinaloa y el federal.
“No solamente el secretario de Educación, el de Salud, el de Obras Públicas y el de Seguridad Pública, el procurador y el DIF estatal y los DIF municipales [deben participar para resolver el problema], necesitamos una acción coordinada”, dice.
Menciona que se han entregado algunas casas y despensas a los desplazados, pero no se han conseguido empleos suficientes. Tampoco tienen un presupuesto especial para desplazados, y una muestra de ello es que se alcanzó un acuerdo con el Infonavit para proveer de casas a los afectados, pero el gobierno local no ha dado la parte que le toca. Eso tiene detenido el trámite.