Desde 2012, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dispuesto de alrededor de 370 millones de pesos para la operación de un “mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” que, de acuerdo con diversos diagnósticos, es incapaz de frenar las agresiones.
De acuerdo con la periodista y ex integrante del Consejo Consultivo de dicho mecanismo, Jade Ramírez Cuevas Villanueva, la improvisación de quienes han sido nombrados analistas de riesgos, la falta de metodologías que consideren el contexto de cada agresión y otras carencias han impedido que se cumpla el objetivo de garantizar la seguridad de los peticionarios.
Peor aún, explica, de los 333 casos integrados al mecanismo hasta marzo, en un 80 por ciento, estima, se presentan registros de más agresiones y hostigamientos.
En otras ocasiones, agrega, la negligencia o ignorancia en materia de protección por parte de los “analistas” de Gobernación es tal que terminan aumentando los problemas de quienes están en peligro. Así ocurrió, dice, en la comunidad nahua de Zacualpan, Colima, donde hay habitantes opuestos a un proyecto de extracción minera y bajo acoso de otro grupo.
“Y cuando los analistas van a la comunidad, lo hacen sin mínimos preventivos, y el otro grupo reaccionó, les bloquearon el paso y estaban a punto de apedrearlos. Alteraron la comunidad más de lo que estaba”, cuenta.
En síntesis, explica, el mecanismo nunca ha estado preparado para evaluar situaciones de riesgos ni colectivos ni individuales.
Ramírez renunció a su participación como integrante del Consejo Consultivo del mecanismo el pasado lunes 10 de agosto, luego del crimen en el que murieron cinco personas, entre ellas la antropóloga y activista Nadia Vera y el periodista Rubén Espinosa, que estaban en el Distrito Federal en calidad de desplazados por amagos recibidos en Veracruz.
El comunicado que dio a conocer su renuncia atribuyó su decisión a la falta de resultados del mecanismo, cuyas carencias técnicas y administrativas lo imposiblitan, dijo, para realmente garantizar la seguridad de quienes acuden al Gobierno federal.
UN MECANISMO CUESTIONADO
Jade Ramírez fue electa integrante del Consejo Consultivo del mecanismo de protección porque ella misma es una periodista con antecedentes de hostigamiento y amenazas. Desde 2010, diversos medios documentaron las advertencias que recibió por su cobertura para la Universidad de Guadalajara de la oposición de los pobladores de El Zapotillo, en Jalisco, al proyecto de construcción de una presa.
Las actos de intimidación más recientes, sin embargo, ocurrieron en abril pasado, cuando –como reportó la agencia de noticias Cimac– recibió en su domicilio un sobre con una fotografía de su rostro cortada en pedazos. Dos días antes, agregó el reporte, alguien había tratado de forzar la cerradura de la puerta principal.
“En tales actos de hostigamiento es recurrente la petición de información que maneja en su labor cotidiana como periodista y consejera del Mecanismo de Protección. Como parte de la instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, la periodista toma decisiones respecto a la obligación del Estado mexicano de proteger a periodistas y a las y los defensores de Derechos Humanos”, agregó el reporte.
La inefectividad del mecanismo fue tal que no atendió ni aun su propio caso. “Entre otras razones, Jade Ramírez, a principios de 2015, volvió a recibir intimidaciones, amenazas y agresiones, pero ahora por su labor como consejera en la Junta de Gobierno, situación que expuso en su momento pero no fue atendida por el propio Mecanismo de protección adecuadamente”, dice el comunicado, difundido desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que la representa en sus denuncias.
El mecanismo fue objeto de otros cuestionamientos el mes pasado, cuando el denominado Espacio-OSC, formado por organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la creación del instrumento gubernamental –como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Propuesta Cívica y varias más–, emitieron un diagnóstico a partir del análisis de 59 casos.
Resultado: “No ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de violaciones a derechos humanos y amenazas que enfrentan quienes defienden los derechos humanos e informan en México”.
Los problemas enlistados por las organizaciones coinciden con los descritos por Ramírez, como la falta de recursos humanos y de reconocimiento a la labor de las personas defensoras y periodistas.
El diagnóstico fue emitido el 28 de julio pasado. El crimen de Espinosa y Nadia Vera Pérez, que habían denunciado públicamente haber recibido amenazas en Xalapa, Veracruz, ocurrió tres días después. Junto con ellos fueron asesinadas también dos compañeras de departamento de Vera -Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín- así como Alejandra Negrete Avilés, que trabajaba ahí.
Ante el hecho, la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo, Sara Irene Herrerías, fue cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil debido, dijeron en un comunicado, a que la protección de ambos públicamente desplazados era responsabilidad del Estado mexicano aun cuando no fueran beneficiarias del mecanismo.
Pero en respuesta, Herrerías les dijo que le había “enviado un mensaje” al fotoperiodista –a través de una organización- señalándole la mejor disposición del Gobierno mexicano para atenderlo.
Para Ramírez, sin embargo, el mecanismo incumplió el artículo 56 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que obliga a agotar las diligencias para contactar a la persona y brindarle la protección.
“Cuando no medie solicitud, si una entidad conoce de una situación de riesgo en la que se encuentra una persona defensora de derechos humanos o un periodista, deberá hacer de su conocimiento a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida para que se realicen las diligencias necesarias, a fin de contactar a la persona y, en caso de que se otorgue el consentimiento, se inicie el procedimiento”, dice el artículo.
Fue entonces, después de tres años, que Ramírez decidió dejar su trabajo honorario como consejera del instrumento gubernamental.
Con información de Sin Embargo