CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2017.- México vive un proceso de envejecimiento acelerado que, a mediano y largo plazo, afectará de manera general a toda la población, por las distintas adecuaciones en políticas públicas que será necesario llevar a cabo, alertó la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados.
En el documento “Adultos mayores. Análisis Integral de su Situación Jurídica en México”, la SEDIA precisó que, de acuerdo con las proyecciones de Consejo Nacional de Población (Conapo), nuestro país está encaminado a un perfil envejecido.
Relató que la población menor de 15 años disminuirá de 33.9 millones de personas en 2010, a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millones en 2050.
El grupo de adultos mayores (65 años y más), aumentará su tamaño de 7.1 millones en 2010, a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050.
Entre los factores que han influido para que se presente esta situación se encuentra la esperanza de vida, la que a partir de los 60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 20.9 años para los hombres, es decir, se prevé que las mujeres alcancen la edad de 83 años y los hombres de 81.
Advirtió que en un lapso de entre 15 y 20 años, el gobierno en sus tres niveles deberá incorporar, en la legislación en la materia y en las políticas públicas de salud y sociales, acciones para atender situaciones propias de la tercera edad, así como crear circunstancias que les permitan contar con una vida digna.
De la LXI Legislatura a la fecha, expuso, han sido presentadas en la Cámara de Diputados 64 iniciativas, cuyos temas están relacionados con los adultos mayores, entre los que destacan nuevos conceptos como los de albergue, asilo o casa hogar, residencia o centro de día.
Proponen ampliar la edad que se tomará en cuenta para considerar a una persona como adulto mayor de 60 a 65 años; incorporar nuevos derechos; reconocer a la Geriatría como una especialización; dar protección contra el maltrato; expedir una Credencial para Votar para adultos mayores; tipificar como delito el abandono de esta población; buscar reincorporarlos a la vida productiva; darles acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, y crear la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores.