Ciudad Juárez, Chihuahua.- En su comparecencia ante los diputados del Congreso de la Unión, Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, destacó que Miroslava Breach Velducea no había solicitado protección a las autoridades.
Informó que los tres comunicadores asesinados recientemente, “no estaban apoyados por el mecanismo de protección”.
“Cuando se hicieron los trabajos sobre el Plan de Contingencia en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea participó en la mesa de periodistas y “nunca nos dijo que quisiera la protección del mecanismo porque tuviera riesgo; su compañera Patricia Mayorga decía que ella sí tenía riesgo, pero tampoco quería incorporarse al mecanismo y trabajó en el alerta temprana” o de prevención, explicó.
“Es terrible, estuvimos cerca de Miroslava, pero nunca pidió la protección del mecanismo y ella propuso impulsar el alerta temprana. Los otros dos periodistas no estaban protegidos tampoco. No se tuvo contacto con ellos”, sostuvo.
La funcionaria de la Segob explicó que cuando se observa alguna amenaza o agresión, de inmediato se les contacta, pero en estos casos no había ningún indicio ni señal de alarma. “Debe apostarse a una coordinación con las entidades para reforzar la estrategia de seguridad”, planteó.
La funcionaria federal explicó que el protocolo de protección se otorga a petición individual o colectiva de los periodistas o defensores de derechos humanos, mientras que la alerta es una herramienta de prevención desplegada en estos momentos en Veracruz y Chihuahua, por amenazas perpetradas por distintas vías y agresiones.
La alerta se activa, precisó, mediante una evaluación de riesgo que se efectúa en el lugar donde se registraron las amenazas o agresiones, a petición de los afectados. Se revisa el contexto, el contorno, los desplazamientos y el tipo de notas que publican y con eso “definimos qué tipo de medidas podemos darles. Tenemos un amplio catálogo a implementar”.
“Tendríamos que desarrollar medidas de seguridad digital, como lo sugirió Michel Forst, relator especial de la ONU, sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Es un tema pendiente que se revisa con la Policía Federal”, sostuvo.
Explicó que se tiene una cantidad importante de información que se analiza, como el domicilio de trabajo o incluso el lugar de residencia, porque aparte del riesgo que tiene el periodista, el peligro también lo sufre la familia, como el desplazamiento de sus hijos.
En donde se detectan problemas, se instala un GPS o se da acompañamiento de policías federales, aunque cada vez los designan en menor cantidad porque hay pocos elementos; se asigna un número o botón de emergencia vinculado con la Policía Federal y autoridades estatales.
Aseguró que existen muchas medidas, de acuerdo con el caso, para desplegar una alerta temprana. Los analistas de riesgo proponen un plan a la Junta de Gobierno, a los beneficiarios y a sus representantes, quienes toman la decisión para desplegar el mejor plan de protección, de acuerdo con las circunstancias particulares, y se revalúa permanentemente para ajustarlo a las necesidades, garantizó.
También atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al sistema de justicia que prevalece en México y la carencia de investigaciones efectivas, tal y como ocurre en otros delitos como la trata de personas y tortura. Además, admitió, existe colusión de autoridades.
Los periodistas no se quieren acercar a las autoridades estatales, porque no creen en sus investigaciones ni en su apoyo, ya que por años han sufrido las agresiones, también los defensores de los derechos humanos, puntualizó Patricia Conchero Aragonés.
(Nota de El Mexicano)