Los 43 normalistas desaparecidos en Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula, concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso.
La investigación niega la versión oficial de la PGR, al concluir que es científicamente imposible que en dicho lugar se hubiera dado una incineración de semejantes proporciones.
“El GIEI se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en basurero de Cocula”, anunció el investigador Francisco Cox.
De acuerdo con la investigación pericial del peruano José Torero, experto en seguridad y manejo de fuego, se requieren 700 kilos de madera, 310 kilos de neumáticos y 12 horas para incinerar un solo cuerpo, mientras que 43 cuerpos requieren una carga de combustible de 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y 60 horas.
El testigo que más prolonga la incineración en su declaración es de 16 horas, aunque la evidencia científica descarta dicha declaración como veraz. Además, las declaraciones señalan que se usaron entre 10 a 15 neumáticos, lo cual también se descarta.
Si bien no se vería de lejos, hubiera quedado expuesta una columna de humo de 280 metros, lo cual no fue advertido por habitantes de Cocula.
Tampoco se quemó la vegetación adjunta al basurero, aunque la cantidad de calor expedida por la pira hubiera provocado un incendio forestal en la zona adyacente al basurero.
Asimismo, las declaraciones señalan que los presuntos responsables bajaron a añadir combustible a la pira, lo cual es científicamente imposible porque, dado el calor, la persona se hubiera quemado tan sólo al acercarse.
Las declaraciones de los presuntos responsables se contradicen en la forma de incineración, horas y modo de preparación, indicó Cox.
El GIEI también descartó la versión oficial de que los normalistas fueron atacados porque iban a boicotear el informe del DIF estatal, ya que llegaron a Iguala una vez que había terminado el acto de María de los Ángeles Pineda.
El GIEI corroboró que los estudiantes se dirigieron a Iguala para tomar autobuses con motivo de sus manifestaciones del 2 de octubre; una vez ahí, cinco autobuses con normalistas a bordo fueron atacados a balazos por policías municipales.
Señalaron que Policía Federal, Estatal, Ministerial y el 27 Batallón del Ejército estaban enterados y vigilaban los movimientos y agresiones contra los normalistas. La PF incluso participó en la detención de algunos normalistas que no fueron desaparecidos, mientras que los militares mintieron sobre las heridas que sufrían los estudiantes.
“El objetivo del ataque fue no dejarlos salir; detenerlos cuando ya habían salido y, cuando parecía que ya habían salido, acabar con cualquier posibilidad de huida”, explicó Carlos Beristain como posible motivación del ataque.
El informe se presentó tras seis meses de trabajo, como parte de un inédito acuerdo técnico de colaboración entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los familiares de las víctimas, sus organizaciones representantes y el Estado mexicano.
Ángela Buitrago destacó que el informe está soportado en documentos oficiales, pruebas en el expediente judicial, declaraciones y reportes oficiales del C4, tarjetas informativas y documentos desclasificados del Ejército, todo ello información pública y oficial.
En la presentación del informe estuvo presente gran cantidad de representantes de organizaciones sociales, así como los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, quienes se reservaron sus opiniones hasta una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la tarde.
También estuvieron presentes Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación; Eber Betanzos, subprocurador de Prevención y Derechos Humanos de la PGR; Juan Manuel Gómez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atencion a Víctimas (CEAV), quienes, previo al informe, se pasearon por la sala para saludar a las organizaciones sociales.
Con información de Reforma