El Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, informó que ha solicitado la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos y de otras instancias extranjeras para aclarar el caso de espionaje a comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En conferencia de prensa, el titular de la FEADLE dijo que se pidió la colaboración externa “debido a que la presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dada esa experiencia internacional.
Además del FBI, la Procuraduría General de la República pidió el apoyo de las siguientes instituciones:
· La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas.
· La Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido.
· La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
· El expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.
Además, el Ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas al “Citizen Lab” de la Universidad de Toronto.
Del Pozo agregó que se citará a declarar a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México, “con las capacidades que han señalado las y los periodistas y defensores de derechos humanos, a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y, si en su caso, algunos de estos equipos hubieran llegado a entidades distintas a dependencias públicas. De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales”.
4. Además, la FEADLE solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus. La ley establece que estos registros se conserven durante dos años.
Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otros similares.
6. Todas las personas que han señalado de manera formal o mediáticamente que sus equipos móviles han sido intervenidos estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware.
Sánchez Pérez del Pozo se comprometió, además, a informar a todos los afectados de los avances de las investigaciones.