Petróleos Mexicanos (Pemex) debe retomar de Petróleos Brasileños (Petrobras) su estrategia de desarrollo tecnológico y de infraestructura, pero sobre todo, al igual que la paraestatal del país sudamericano, debe mantener la dirección de la empresa bajo el mando del Estado.
Así lo afirmó la doctora Guadalupe Huerta Moreno, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien presentó su estudio Dos experiencias de gestión en la industria petrolera en América Latina: México y Brasil ante la Cámara de Diputados en noviembre de 2012, en el marco de la importación del modelo de administración de Petrobras a Pemex sugerida por el gobierno federal.
La académica comentó en entrevista que gran parte del éxito de Petrobras en las últimas décadas se debe a su inversión en desarrollo tecnológico, realizado sobre todo a través del Centro de Investigaciones y Desarrollo Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), entidad vinculada no sólo al sector privado, sino también con las principales universidades de Brasil, primordialmente a la Universidad Federal de Río de Janeiro, “semillero para desarrollar productos y tecnología”.
El equivalente del Cenpes en México es el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), pero a diferencia de su homólogo, éste “lleva dos décadas siendo desmantelado”. Con esto ha sobrevenido un atraso tecnológico que conlleva la importación de tecnología, en detrimento del desarrollo científico y técnico del país.
La infraestructura petrolera mexicana, añadió, tiene numerosas carencias, ya que cuenta con sólo seis refinerías. En contraparte, Brasil posee 16 y abrirá dos o tres más para 2018; “esta es una visión de desarrollo de infraestructura que nosotros no tenemos”.
En México la explotación petrolera tiene que estar enfocada al abasto de su propia refinería y a la manufactura de productos petrolíferos, indicó la investigadora del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco.
Mientras Brasil tiene muy claro cuál es la articulación entre su industria petrolera y su desarrollo económico, tecnológico, educativo, industrial y de mercado interno y fabrica más de 250 productos derivados del petróleo, México sólo exporta petróleo crudo e importa productos derivados del mismo, lo cual impacta seriamente la balanza comercial mexicana.
La entrevistada afirmó que es una falacia que Pemex será abierto a la iniciativa privada, ésta es proveedora de las necesidades en investigación, operación, infraestructura y mantenimiento de la paraestatal hace varios años. Lo único que se quiere ampliar es el abanico de posibilidades para que ese capital privado participe en Pemex.
La especialista en finanzas afirmó que aun cuando la iniciativa privada participa en Pemex, sus números no han mejorado en nada; “su tarea es hacer aportes tecnológicos, pero las grandes definiciones debe tomarlas el Estado no la mano invisible del mercado. Petrobras es una empresa que cotiza en la bolsa, pero tiene pleno control por parte del Estado”.
Uno de aspectos que podría explicar el gran progreso que ha tenido Petrobras y el escaso desarrollo de Pemex son los distintos esquemas de cargas impositivas entre ambos.
Pemex ha pagado en los últimos 25 años entre 60 y 70 por ciento de sus ingresos como impuestos al gobierno federal. Petrobras tiene una tasa impositiva de 34 por ciento de sus ingresos al Estado, pero con los distintos métodos de consolidación fiscal y de deducción de impuestos la empresa brasileña ha pagado en los últimos 10 años entre 23 y 25 por ciento de sus ingresos en impuestos. Esto le dio recursos suficientes para ampliar su capacidad de refinación y producción.
En tanto “el galimatías de estructura impositiva de Pemex es verdaderamente impresionante y ninguna empresa privada aguantaría una tasa impositiva de tal magnitud. Si hay una reforma al régimen operativo de Pemex pasará necesariamente por la reducción de sus tasas impositivas, lo cual hace indispensable cambios en la Ley de Ingresos de la Federación”, apuntó la investigadora.
La doctora Huerta Moreno indicó que una restructuración de Pemex requiere definir una política de gestión y conservación de recursos energéticos, modificar la Ley de Petróleos Mexicanos para tener mayor transparencia, reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para reorientar la deuda de Pemex de tal forma que deje de ser una carga para la paraestatal y modificar la Ley Orgánica de Pemex para establecer objetos, funciones y actividades de manera más clara.