Debido a que en el Presupuesto Participativo (PP) el dinero es poco y no alcanza para obras de gran impacto que solucionen los problemas que enfrentan los vecinos de las dos mil 150 colonias del Distrito Federal, la diputada Ernestina Godoy Ramos plateará reformas estructurales para eficientar este ejercicio ciudadano.
Para hacer funcional el PP, es necesario incrementar los recursos y modificar su inequitativa e injusta distribución como actualmente opera, donde no se distingue ni el tamaño, ni las carencias de las colonias y se distribuye la misma proporción de recursos a todos por igual, explicó.
Como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, indicó que el actual esquema de distribución de recursos profundiza la brecha de desigualdad entre las colonias de mayor nivel de desarrollo y menor nivel de desarrollo, pero en la mayoría sólo alcanza para acciones de mantenimiento de servicios públicos como luminarias y reparaciones menores en la infraestructura urbana.
La ciudad cuenta con la información y los estudios que le permiten ubicar por manzana la cantidad, la dimensión y profundidad de las carencias que enfrenta las personas que ahí habitan, de tal modo que con base en ello se puede modificar la distribución del presupuesto para lograr una ciudad más equitativa, afirmó.
Asimismo para que los recursos alcancen para obras de impacto importante, la única solución “es darle el poder a la gente, darle el poder al pueblo y tenerles confianza para que administren y ejecuten la obras, porque estamos seguros –la experiencia lo demuestra- que harán más, mejor y en menor tiempo las cosas”.
Esta propuesta no es una ocurrencia, es simplemente buscar alternativas para eficientar el ejercicio de los recursos, porque para nadie es un secreto que el gobierno tarda mucho y compra caro; que los procesos administrativos a los que se somete el gobierno provocan retrasos muy importantes para la ejecución del Presupuesto Participativo y generan el encarecimiento de las acciones aprobadas por la comunidad.
Aceptó que muchos por intereses políticos se oponen a esta idea, pero con ello sólo muestran una visión conservadora, burocrática y acartonada de la gestión pública. Este proceso se puede llevar a cabo con el actual marco jurídico, sin embargo, en 2012 a Iztapalapa se le negó esta posibilidad, a pesar de ser perfectamente legal, comentó.
Para evitar interpretaciones incorrectas que cierren la puerta a esta posibilidad, propuso, establecer en el marco regulatorio las disposiciones legales y administrativas que generen esta nueva modalidad en la administración y gestión de los recursos.
De no avanzar en esta materia los problemas persistirán, ya que los pocos que participan, perderán el interés; se agudizará la desconfianza en las autoridades y en los comités, además de limitar aún más el alance del recurso que se aprueba, al encarecerse las obras o acciones.
Por ello, convocó a los diputados locales del PRD, PRI, PAN, PEVEM, PT y Movimiento Ciudadano a “aprender de las lecciones y agarramos la experiencia del mundo, porque corremos el riesgo de convertirnos en irrelevantes para los ciudadanos”.