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Vuelve, Victoriano, ¡te perdonamos!

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Lo que pasa con ciertos agentes del peñismo, es que se sienten la primera generación de La creación y -como ocurre con los tecnócratas neoliberales que han ofrecido a los mexicanos la posmodernidad-, suelen amenazar: ¡Después de mí, el diluvio!

Esas son las sinrazones por las que la nueva-vieja comalada de sedicentes políticos que pretenden retener el poder, se niega a aprender del pasado y, por lo mismo, como aquel empedernido reincidente, siempre caen en los mismos errores.

Si del estudio la Historia se han de extraer rendimientos políticos, retomemos algunos expedientes:

Hace poco más de un siglo, tibia aún la sangre de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, los magistrados de la Suprema Corte de Justician de la Nación, Alonso Rodríguez Miramón, Emilio Bullé Goyri y Carlos Flores, en nombre de sus pares se postraron ante Victoriano Huerta y le dijeron:

La Corte, lealmente le ofrece al Poder Ejecutivo (usurpado) sus sinceras congratulaciones y colaborar, en la importante medida que la Carta Fundamental le señala, a tan alto fin, a realizar empresa tan patriótica y noble.

Tiempo después, el bastardo asesino se presentó ante el Congreso de la Unión y expectoró: El Ejecutivo sabrá, ¡cueste lo que cueste! hacer la paz a pesar de la propia vida del que está hablando.

Entró en acción del Ejército Constitucionalista comandado por el entonces gobernador de Coahuila: Venustiano Carranza.

De cómo se iniciaron en México los chanchullos electorales

Cambio de página: Precariamente triunfante la Revolución del Sufragio efectivo No reelección, se vinieron las primeras elecciones locales. Un reporte nos hace saber del primer chanchullo electoral. Con la coartada de cerrar el paso a uno de Los científicos, en una de las casillas rurales del estado de San Luis Potosí, votó un joven de 15 años, obviamente impedido por ley de votar.

En su madurez, aquel joven cobró celebridad con un hallazgo botánico: Moral, árbol que da moras.

Nuestro personaje recuperado es Gonzalo N. Santos, identificado por la picaresca mexicana como El alazán tostado.

En sus abultadas confesiones publicadas hace casi medio siglo, uno de los últimos caciques potosinos hizo una pormenorizada narrativa de todos los grandes chanchullos perpetrados por el partido en el poder: Desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario, hasta su operación como Partido Revolucionario Institucional (PRI); el que se niega ahora volver al pasado.

Fue la época en que cobró fama pública una explicación de las victorias del PRI en todas sus escalas: A la legalona. Esto es, fraudes electorales revestidos de una imposible “legalidad”.

Y así llegamos a la “transición democrática”

Un siglo hemos recorrido los mexicanos desde aquellos sucesos. Se anunció la posmodernidad que ha dado forma al Estado neoliberal y aún hablan en las cajas de resonancia las bocas de ganso del régimen, de transición democrática.

Los profetas del pasado crearon en las dos últimas décadas del siglo XX el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El primero fue depositado en  manos de ciudadanos.

Con esa caracterización, la de “ciudadanos”, se quiso convencer a quien quisiera ser convencido, de que en lo sucesivo ya no tendríamos elecciones de Estado. Todavía en estos días, en un spot, el INE hace hablar a una voz juvenil que asegura que las elecciones no las hacen el gobierno ni los partidos. Otro spot nos dice que las elecciones son de todos.

Situémonos en este escenario: Ya somos 125 millones de mexicanos. El Registro Federal de Electores informa que existen unos 90 millones con credencial de elector y derecho al voto a salvo. En un cálculo optimista, el 1 de julio votarían algo más de 50 millones.

De cara a ese número de ciudadanos y su potencial de votos (que supera la población total de varios Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas), tenemos que la voluntad popular que se exprese en las urnas dentro de poco menos de tres meses, estará expuesta al discrecional criterio de cuatro de los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF. Cuatro, por supuesto, hacen mayoría entre siete votantes en el pleno de dicha sala.

¿Es realista y racional que el voto libre, secreto y universal de tantos millones de compatriotas quede a expensas de cuatro togados que, por añadidura, son instancia definitiva e inatacable en sus sentencias? Esto es, después de sus votos, no hay más allá.

Eso es propio sólo de los regímenes totalitarios en los que el dictador, tirano o sátrapa y sus secuaces tienen la primera y la última palabra. Ni en las republicas bananeras, menos en una que blasona la transición democrática.

“Democracia” de súbditos; no de ciudadanos

De ello sigue que el veredicto de los que estudian de veras Ciencias Políticas, concluye que en México se ha establecido una democracia de súbditos, no de ciudadanos mayores de edad. Por eso se puede detentar el poder presidencial, aiga sido como aiga sido.

Desde donde/ amigo vengo: Hablamos en uno de los primeros párrafos de esta entrega de los magistrados de la Suprema Corte de hace poco más de un siglo. ¿Han cambiado los modos y las formas de resolver las cuestiones político-electorales, que son piedra de toque para la formación los poderes públicos?

La sucesión presidencial de 2000 quedó sellada bajo los estigmas de la asociación de Amigos de Fox (PAN) y el Pemexgate (PRI), en los que intervinieron instancias del Poder Judicial de la Federación (en cuyas estructuras está el Tribunal Electoral) y la Procuraduría General de la República.

Hubo consecuencias jurídicas, pero ¿se sentó precedente para que las mismas cosas no ocurran en una política ya judicializada? Será porque vemos las cosas al revés, no vemos consecuencias correctivas.

En 2006, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón se vio públicamente comprometido por su intromisión en el proceso de sucesión presidencial después de un desayuno con Vicente Fox en Los Pinos.

Para entonces, un magistrado del Tribunal Electoral federal, José Alejandro Luna Ramos, había sido pillado en tráfico de influencias para que su hermana Margarita fuera nombrada por el Senado ministra de la Corte (hay constancias escritas de esa operación, no desmentidas). Una década después, don José Alejandro presidía a los magistrados electorales.

Antes, sin embargo (2011), la magistrada electoral María del Carmen Alanís Figueroa había sido tema de  piedra de escándalo cuando abogó por el ex gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, acusado originalmente por el PAN de transgredir el régimen electoral. El mexiquense todavía despacha en Los Pinos.

Por estos meses, es tema continental el asunto de la corruptora trasnacional brasileña Odebrecht. Los expedientes judiciales hablan de que ese corporativo trasegó unos 12 millones de dólares en la campaña presidencial del PRI en 2012. En Brasil y otros países latinoamericanos la justicia actúa. Ha obligado recientemente a la dimisión del Presidente de Perú. En México no pasa nada.

Magistrados y consejeros encaramados en el ring

En 2017, los resultados de las elecciones para gobernador en los estados de México y Coahuila culminaron en el Tribunal Electoral federal. Los candidatos del PRI despachan ahora como gobernadores. Llegaron ahí a la legalona.

Desde aquellos procesos, los consejeros y magistrados federales se han trenzado en pugnas públicas por diferendos iniciados en el INE. Los magistrados han revocado diversas acciones administrativas de naturaleza cautelar para prevenir y castigar la delincuencia electoral.  

En el inter, el Tribunal Electoral federal calculó que atenderá más de 50 mil litigios en 2018, que se iniciarán básicamente al amparo de la Ley de Impugnación y otros ordenamientos electorales.

El caso de los “independientes” destapó la cloaca

El fuego retórico ya se abrió con el asunto de las candidaturas independientes. Los consejeros encontraron en la acreditación de firmas de apoyo y otros requisitos transgresiones a granel a la norma. Los magistrados hablaron entonces de certeza y establecieron que el valor de esas firmas radica en la credencial original, no en las copias de este documento.

Cuatro magistrados, contra tres, sin embargo, dieron reversa en favor de uno de los candidatos independientes, quien empezó a litigar bajo la amenazó con despertar al México bronco.

Como las sentencias de los magistrados federales son definitivas e inatacables, los consejeros se han tragado la humillación para no ser indiciados y eventualmente destituidos por desacato a mandato judicial.

La Constitución federal impone que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se exige gozar de buena reputación. La lógica indica que para acreditar esta reputación, los magistrados electorales son sujetos obligados conforme su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los miembros del Poder Judicial de la Federación están expuestos, si cayesen en desviaciones de la norma, a la acción del Consejo de la Judicatura Federal. No pocos casos lo documentan. Los magistrados electorales, ¿están exentos de la acción de esta autoridad?

Cuatro “magníficos” nombrarán al próximo Presidente

Lucubraciones de un neófito en Derecho, sólo nos queda una preocupación prosaica: Eventualmente, cuatro infalibles e inatacables magistrados que hacen mayoría contra tres, tendrá a su criterio nombrar Presidente de México para el sexenio 2018-2024.

Hace un siglo, el usurpador Victoriano Huerta, avalado y alabado por los ministros judiciales, amenazó con imponer la paz, cueste lo que cueste. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa, después de ser nombrado por los magistrados electorales, blasonó haber llegado al poder presidencial aiga sido como aiga sido.

En buen cristiano, la confesión del michoacano confirma que el Derecho les vale a algunos mexicanos, aunque los ministros estén diciéndoles en spot que la Constitución protege tus derechos y nosotros protegemos la Constitución. En México, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, según lo dijo el clásico.

Lo que pasa es que la Constitución de 1917 cumplió su primer centenario. A esa edad, cualquier humano está muerto. ¿Por qué no, una Carta que algunos ignaros denominan atenta misiva?         

 ¿Quién dijo, al diablo con las instituciones, y contra él se pidió el paredón? Las sentencias de los  magistrados federales son definitivas e inatacables. Son pues, infalibles, como alguna vez fue el Papa. ¡Qué le vamos a hacer! Así es en México la transición democrática. Es cuanto.

VP/Opinión/EZ



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