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¿Ahorro para el retiro? Ni para el entierro

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

¿Podrían  decir, los expoliados mexicanos: Ni nos perjudica, ni nos beneficia… sino todo lo contrario?

Dos cuestiones darían pie a ese acertijo: 1) Los regenteadores privados de los fondos para el retiro de los trabajadores tienen ya manos libres sobre 3 billones 200 mil millones de pesos, y 2) Los rapaces gestores de ese capital pretenden una reforma legal para ampliar sus beneficios. La reforma está en vías de aplazarse para el próximo sexenio.

Del segundo punto, es válido sugerir una explicación: Los que, compulsivamente, ha sido obligados a ahorrar para tener una vejez digna, representan potencialmente tantos votos electorales como millones son los titulares de las cuentas individuales de dichos fondos. No me alboroten la bitachada, dicen algunos aspirantes a la Presidencia de México.

Afore y Siefores no tienen llenadera

Es que, los insaciables operadores de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y de las Sociedades de Inversión Especializada de dichos fondos (Siefore), quieren, con la reforma, que se aumenten las cuotas hasta en 15 por ciento sobre el salario de los ahorradores.

Si, de por si, los incrementos a los salarios mínimos y contractuales ya han sido devorados por la inflación del último año ¿cargarle más pulgas al perro flaco? Perdón, por el símil, pero es el más plástico.

Sólo para dar un dato de referencia, para 2017 aquellos gestores privados de dinero ajeno se embuchacaron unos 28 mil millones de pesos, únicamente por conceptos de comisiones.

¿A quién interesaría elevar el monto de las aportaciones al sistema de pensiones?

Entre los tracaleros, primero el gobierno

En conjunto, a los que tracalean con el patrimonio líquido de la clase trabajadora mexicana. A los que se alzan con el santo y la limosna. Con la  renta y el principal, pues, de ese negociazo socialmente inadmisible.

Pongámoslo de este tamaño: Las Afore juegan el papel de recaudadoras. Las Siefore son la correa de trasmisión de esos recursos a los ávidos de crédito. Lo hacen, al través del mercado especulativo; esto es, de las bolsas de valores. El mercado accionario, para ponernos en onda “técnicamente correcta”.

Dicho en términos especializados: Conocido en enero el total acumulado por el Sistema de Ahorros para el Retiro, dado líneas antes en números absolutos, una apetecible rebanada del pastel se coloca en papeles de renta fija (72.6 por ciento). El resto (27.4 por ciento) en papeles de renta variable, etcétera.

El primer deudor sobre los ahorros para una vejez digna de los trabajadores, es el gobierno federal, un goloso compulsivo que ha girado papeles a mansalva hasta acumular una deuda pública superior a los 10 billones de pesos… y contando.

Le siguen en la rebatiña empresas nominalmente “mexicanas” y cierran el círculo virtuoso los corporativos extranjeros.

Un elemento debe apuntase, antes de continuar: Millones de cotizantes a los fondos de ahorro para el retiro, sólo saben de sus cuentas individuales por el registro de sus descuentos en las listas de raya.

Puesto que un grueso volumen de esos fondos se juegan en el mercado especulativo, si el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) desde hace al menos dos años reporta máximos históricos, el supuesto es que los rendimientos abonen a las cuentas individuales.

Sin embargo, sólo cuando la Bolsa Mexicana de Valores tiene movimientos  a la baja de su IPC, la autoridad pensionaria despacha boletines hablando de minusvalía en las “inversiones” de los trabajadores, ignorantes de en qué tipo de acciones se apostó su dinero.

Se cumple así el apotegma: Socializar las pérdidas; privatizar las ganancias.

Trazado a grandes rasgos el cuadro anterior, ¿qué papel juega, si es que juega alguno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Obviamente, los ahorradores para el retiro, en su gran mayoría, desconocen su existencia y si algún servicio de asesoría puede prestarles en caso de reclamo.

Terrorismo sobre “la crisis” del sistema

La Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema de Fondos para el Retiro (Consar) y, por supuesto, administradoras e inversoras, desde hace años, acompañadas por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) y hasta del Banco Mundial, lanzan comunicados terroristas sobredimensionando “la crisis” del sistema de pensiones mexicano”. Bomba de tiempo, le llaman.

No tienen reparo, esas instituciones, para advertir que, cuando las Afore paguen la primera pensión -faltan años-, el alcance de los ahorradores, si bien les va, no pasará de 30 por ciento del último salario devengado.

En esos supuestos basan los argumentos demandando al Congreso de la Unión la reforma del régimen de pensiones y jubilaciones para incrementar las cuotas de aportación a los fondos de retiro. El merengue sugiere que los empleadores absorberían ese incremento.

Terceros en la pugna por el botín

Una variación sobre el mismo tema. Variación reiterativa, aclaramos. Si están bien informados, los trabajadores en tesitura de jubilación encuentran una propuesta de pensión en la llamada Ley del 73 que ofrece mejores alcances respecto de los que ofrece la Ley del 97, por la que se privatizó el viejo Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para entregar su gestión financiera a las Afore.

(Bien informados, repetimos, porque la representación sindical en manos de centrales mayoritarias  ante en el órgano técnico-consultivo de la Consar, terminan por olvidarse de sus “representados” y actúan como lacayos del directivo en turno.)

Este es el asunto que reiteramos: Específicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) operó un sistema de préstamos a cuenta de la pensión. Préstamos precarios, a decir verdad, pero libre de la usura. En la práctica, esa prestación se ha suspendido.

Algunos bancos, intermediarios del pago de pensiones, abrieron sus cajeros automáticos para irrisorios préstamos a los pensionados. El prestatario se obligaba a pagar un seguro de vida, a veces más caro que el monto del préstamo recibido.

En este sexenio, se puso a los ojos de los pensionados, incluyendo los de la burocracia pública, un espejismo: Préstamos de cinco mil hasta 300 mil pesos con la pensión como garantía de pago.

Nubes de “asesores” de quién sabe cuántas “financieras” arribaron a los centros de trabajo, a las áreas administrativas, a las unidades médicas familiares y dependencias federales, promoviendo sus ofertas.

Como la necesidad tiene cara de hereje, miles de pensionados cayeron en la trampa; tardaron en leer las letras chiquitas de los contratos para darse cuenta que, sobre los saldos insolutos, se aplican las tasas de interés en uso en la banca comercial.

Esas operaciones pasan por convenios con la administración  del IMSS. Pero siempre, descontado el pago mensual al préstamo, queda algún remanente que puede ser de entre 60 y 70 por ciento de la pensión.

Sobre ese “resto” llegaron otras aves de rapiña con la opción de los préstamos domiciliados que consisten -al margen de los convenios con el IMSS- en la autorización directa a los bancos intermediarios del pago de pensiones para que se apliquen  en automático los descuentos.

¡Oh! ingrata sorpresa: Sobre el monto inicial del préstamo y la comisión de apertura de los contratos, y los saldos insolutos, gravan tasas de interés entre 30 y 40 por ciento anual.

El resultado es que esos incautos pensionados tienen hipotecada su vejez feliz y hay casos de viudas -a quienes se endosa la pensión- expuestas al infarto, cuando se enteran de que el recurso en el que confiaban para subsistir no les pertenece.

¿Cómo se corrige ese crimen con una reforma al sistema pensionario? No está en agenda.

Hasta la pensión alimentaria entra en el menú

Si hace falta la puntilla en eso de las pensiones, giremos hacia el Zócalo metropolitano. Hace más de una década,  en el Distrito Federal se instituyó la pensión alimentaria para adultos mayores.

Es cosa de tener atentas las antenas para las “ideas frescas” en la CDMX. Las “financieras” privadas, las ya mencionadas o nuevas competidoras, lanzaron sus fauces sobre la pensión alimentaria. Para las empresas comerciales prestadoras del servicio de descuento, queda claro que la tarjeta correspondiente gira, obvio, para la compra de alimentos o medicinas.   

Sobre el valor de la misma (mil 150 pesos mensuales), sin embargo, se ofrecen ahora préstamos en efectivo, deducibles mensualmente en bancos intermediarios. Mínimo, a una tasa de interés del 31 por ciento anual.

¡Vaya! que los creativos tecnócratas y las empresas subvencionadas del sistema pensionario mexicano tienen harta preocupación por la crisis del modelo que nos llegó del Chile pinochetista. Mortificación humanista mayor no puede haber. Es cuanto.

VP/Opinión/JSC



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