De cómo masca la iguana democrática en México

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Cuando le dimos seguimiento a las campañas para la gubernatura de Guanajuato en 1990, por primera vez nos enteramos que a uno de los candidatos se le motejaba El orate de San Cristóbal. No supimos si reaccionó: Y a mí, ¿por qué?

Como a los mentirosos no les gusta que les digan mentirosos, ni a los locos, locos, damos salida por hoy al tema de las desviadas y peligrosas conductas mentales de los políticos, no sin antes consignar dos manifestaciones recientes:

Hace unas semanas, desde lo alto se diagnosticó el “humor social” de los mexicanos como irracional. En una variante, hace apenas dos días se les instó a los compatriotas a dejar de autoflagelarse. Son usos que en su consultorio aplican los siquiatras.

(Parece que alguien de la audiencia en el segundo evento no entendió la conminación del facultativo. Cuando se habló de que México es ya una potencia agropecuaria y se dijo que están sentadas las bases para que el país “siga creciendo con desarrollo”, el sinaloense Elías Godoy rogó: Les encargo a mis indígenas. Todavía están a tiempo de echarnos la mano.)

Moviendo los templetes, pasamos al escenario la sucesión presidencial de 2018: Como las elecciones, dice un spot, son de todos, ya sabemos que 89 millones 123 mil 355 mexicanos están incluidos en el listado nominal. Tienen, pues, su derecho al voto a salvo.

“Salvo” por una cuestión: Por esas cosas tan amables de la democracia a la mexicana, el proceso electoral federal, que para el caso incluye al nuevo Presidente de  México, se disuelve a la hora de la verdad en esta ecuación: Once consejeros y siete magistrados electorales.

Los cantores de la democracia sostienen, y con razón, que en una elección se resuelve el triunfo por la diferencia de un voto.

Con diez votos basta para nombrar Presidente de México

Pongámonos en el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE). Para resolver un asunto de la orden del día, bastan seis votos de los consejeros. Hacen mayoría sobre cinco.

Si nos trasladamos al pleno de la primera sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la operación se reduce aún más: Un magistrado es el ponente de un asunto en agenda. Por supuesto, vota por la conclusión de su ponencia. Con tres votos de sus pares, ya la hizo. Son cuatro sobre tres.

En síntesis, el nombramiento de presidente de la República pasa por los votos de no más de diez árbitros electorales. Los cuatro votos de los magistrados, son definitivos e inatacables, según  lo dicta la Constitución.

Esa el la realidad “democrática” de México monda y lironda. No sólo es una verdad jurídica, sino una verdad histórica. Está en los anales desde hace más de dos décadas de ampliación de la vida democrática en nuestro país.

Un peso legal; 15 de procedencia inconfesable

Ahora bien: Para algunos críticos investigadores del momento, todo lo anterior descrito es una mera abstracción. Lo que importa es lanzar a la opinión pública productos que vendan mediáticamente.

Verbigracia: Ayer se colocó en primeros planos “noticiosos”, el hallazgo de que, por cada peso gastado en campañas electorales, 15 tienen procedencia inconfesable.

Con independencia de que ese hallazgo pueda ser verificable, aunque ya es de suyo, vergonzoso, podemos rescatar por nuestra parte algunos factores que concurren, inciden y concluyen en esa denuncia.

Los expedientes de Amigos de Fox y el Pemexgate

Expediente 1) En la actual nómina de consejeros del INE están los nombres de Lorenzo Córdova Vianello (presidente) y Ciro Murayama Rendón. Todavía hoy, éste está en las pantallas televisivas documentando las transgresiones perpetradas por el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón.

A lo que vamos es a que, hace una década, ambos académicos cobraron fama pública con una maciza investigación en la que advierten sobre los riesgos para la democracia que implica el financiamiento privado a partidos y candidatos, vis a vis con el financiamiento público.

El caso-base del estudio, es el de Amigos de Fox (PAN) y el Pemexgate (PRI) en 2000. De aquel proceso surgió un Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y un Congreso de la Unión que salieron ilesos de las acciones sancionatorias a cargo de los árbitros electorales federales.

Expediente 2) El candidato del Pemexgate, Francisco Buenaventura Labastida Ochoa fue senador de la República por el PRI, un sexenio después. El principal imputado en ese caso, fue el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. Es actualmente senador por el PRI.

Al correr de los días, el nombre del investigador académico, Lorenzo Córdova apareció en el directorio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el título de asesor. La Conago es el sindicato de mandatarios estatales.

Los torcidos renglones de la operación electoral

En la instancia administrativa, es al INE, al través de la Unidad Técnica de Fiscalización, al que corresponde la compulsa de los gastos de campaña. Con frecuencia detecta rebases del tope autorizado. Sus dictámenes, sin embargo, de ser impugnados, quedan en manos de los magistrados federales.

Es en la instancia jurisdiccional donde la puerca tuerce el rabo. Para no ir más lejos, en las elecciones de gobernador en los estados de México y Coahuila de 2017, los magistrados se metieron a contables, ajustaron cifras y avalaron a dos candidatos priistas.

Esa tendencia en la instancia jurisdiccional tiene origen en la elección presidencial de 2006. Hacia 2011, la consejera María del Carmen Alanís Figueroa “se llevó la tarea a casa” en un  caso denunciado por el PAN, referido al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto: Exonerado.

La misma magistrada votó los resultados de la elección presidencial de 2012. La votación fue unánime. Esto es, siete votos. Todavía los mexicanos sufren la cruda por una borrachera que no se pusieron.

En escena el insospechable doctor Luis Carlos Ugalde

Del asunto en los primeros planos informativos de hoy -producto de una investigación en el marco del combate a la corrupción-, se señala que se ha dado seguimiento al gasto electoral desde las elecciones de los últimos tres años: un peso legal, por 15 de origen oscuro.

La cuestión es esta: Uno de los informantes, que a la vez fue partícipe en el estudio, es el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2006: Doctor Carlos Ugalde Ramírez.

El nombre de Ugalde Ramírez (ahora titular de una agencia de investigaciones políticas y electorales) aparece repetidas veces señalado en la revisión de la impugnación a los resultados de la elección presidencial de aquel año.

Hemos comentado en recientes entregas, que los siete magistrados del TEPJF desestimaron todas las denuncias presentadas contra injerencias que los impugnadores consideraron ilegales: Desde Vicente Fox hasta el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el ex presidente del gobierno español, José María Aznar.

Como dato cultural damos los nombres de aquellos magistrados electorales federales de 2006: Leonel Castillo González (Presidente), Eloy Fuentes Cerda, Alejandro Luna Ramos, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Procayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.

Así llegó a Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa

Fueron esos probos siete jueces los que, de manera unánime, nombraron Presidente a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Todavía en 2012, Luna Ramos estaba actuante en la primera sala del Tribunal electoral.

El consejero presidente del IFE, Ugalde Ramírez fue beneficiado con la exoneración del Tribunal: En la siguiente Cámara de Diputados federal, fue defenestrado por otras causales. Es cuanto.

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