Voces del Periodista Diario

Donde la Justicia Electoral topa con pared

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Los surcos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde hace tiempo han sido bien barbechados, fertilizados y trillados por el PAN en sus días de poder presidencial y por el PRI en su triunfal retorno a Los Pinos.

Desde que se crearon esos nuevos entes administrativo y jurisdiccional como sustitutos de la vieja Comisión Federal Electoral (CFE), el ciclo siembra-cosecha se inicia con la Operación labrador, para llamarla de algún modo.

Particularmente en los periodos legislativos que coinciden con los periodos de relevo de consejeros y magistrados electorales federales, los dos partidos dominantes en las cámaras del Congreso de la Unión (PRI-PAN), a los que eventualmente se alía el PRD, abren los estancos para, por el sistema de cuotas, iniciar la toma y daca de las designaciones de esos funcionarios. Aquí, el que tiene más saliva traga más pinole.

Así ocurrió hace meses en el Senado con los cambios de magistrados del TEPJF. Está en negociación en San Lázaro el nombramiento de tres nuevos consejeros del INE. Las malas lenguas insinúan que en este segundo órgano ahora el PRI tiene asegurados en automático cuatro votos.

La “operación”, sin embargo, tiene riesgos consustanciales si los predios no son abonados con el incremento de presupuesto a ambas instituciones. Del riego monetario se encarga la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, con base en las iniciativas que les remite la Secretaría de Hacienda, generalmente mejoradas por las comisiones legislativas de dictamen.

La Fepade, Cenicienta presupuestal

Una revisión a vuelo de pájaro de las resoluciones del Consejo General del IFE-INE y de las sentencias de la Sala Superior del TEPJF, sugiere que la Operación labrador ha producido buena cosecha a los cultivadores de esas fértiles parcelas.

Desde 2015, con elecciones federales intermedias de diputados y en 2016, con cambio en 12 gubernaturas y la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las instancias jurídicas de los partidos de menor representación ante las cámaras del Congreso, cayeron en cuenta de su situación de desventaja en esos órganos.

Cambiaron entonces de carril y transitaron directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Un dato de referencia indica que, en 2014, la Fepade recibió 64 denuncias por transgresiones a la ley. En los dos años siguientes, mil 240. La mayoría dio pie a la iniciación de averiguaciones previas; las menos se declararon sin materia.

En ese periodo, entró en pleno vigor la Ley General en Materia de Delitos Electorales, lo que explica la nueva carga de trabajo de la Fepade.

Ahora bien: Entre el INE y el TEPJF, lograron para 2017 cerca de 20 mil millones de pesos de recursos públicos para la administración en sus respectivos ámbitos de acción. Buen porcentaje para gasto corriente.

Frente a ese descomunal gasto, gestores parlamentarios pretendieron en el otoño pasado que a la Fepade se le incrementara su asignación presupuestal.

No pedían gran cosa: Sólo unos 350 millones de pesos. Hacienda rasuró la solicitud para dejarla en 160 millones. Con un agravante: Respecto de 2016, el bajón fue de 6.25 por ciento: de 170 a 160 millones de pesos.

El sospechosismo induce a pensar que, con miras a la sucesión de 2018, la Fepade quedará como soldado sin parque. La voz cantante y mandante continuará en manos del INE y el TEPJD. ¿Dónde queda entonces la procuración de Justicia Electoral? Es un caso para el enigmático señor Holmes.

Articulos relacionados

Minería y la lista Forbes de los más ricos del mundo

En economía, ¿a quién beneficia el crimen?

Redacción Voces del Periodista

ENTREVISTA AL PROFESOR Michel Chossudovsky: El gasto de la OTAN empuja a Europa, del Estado de bienestar a la Guerra

Redacción Voces del Periodista