Voces del Director
Desde Filomeno Mata 8
Por Mouris Salloum George (*)
Desde que el México independiente se constituyó en Estado soberano, la vocación de nuestra diplomacia es hacer sentir su voz en el concierto de las naciones.
No está por demás recordar que, en el ámbito diplomático, México acreditó las doctrinas Carranza y Estrada que, en la primera mitad del siglo XX, fueron asumidas por la comunidad internacional como instrumentos para dirimir controversias entre naciones en conflicto.
Entre los humeantes escombros de la Segunda Guerra Mundial, México fue reconocido por diversos estados como impulsor y anfitrión de la Conferencia de Chapultepec que debatió sobre los desafíos de la guerra y la paz.
Las conclusiones de esa conferencia fueron incluidas en la agenda fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 1945, junto con otros 54 gobiernos, evento al que siguió la Conferencia de San Francisco.
Desde entonces, como Estado parte de la ONU, México ha firmado voluntariamente casi la totalidad de los instrumentos emanados de sus asambleas y órganos especializados.
No es casual, por ello, que México haya merecido el Premio Nobel de la Paz. A la luz de esa militancia activa, desconciertan los giros, en grado y medida regresivos, que en el actual sexenio ha tenido la relación con la ONU.
Conducta contumaz en materia de Derechos Humanos
Los diferendos más acusados se han presentado en los casos en que la ONU ha generado dictámenes y recomendaciones en materia de protección y defensa de los Derechos Humanos.
Esa conducta contumaz de la cancillería mexicana se ha repetido recientemente, en que negó a la ONU la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, asignatura en la que en México reporta más de 34 mil casos de desapariciones a los que se ha dado seguimiento desde 2015 en que se dirigió al gobierno un primer exhorto al respecto.
El argumento de Relaciones Exteriores es que se ha dado prioridad al diseño de un marco jurídico y a trabajar en su instrumentación, haciendo abstracción de que, tope en la producción de nuevas leyes, la tendencia de ese fenómeno no sólo no se ha contenido, sino que se ha disparado.
Otra manifestación propiamente de disimulo, acaso de desacato de la SRE, es la referida a los crímenes contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Comisionados o visitadores de la ONU han hecho presencia en México para documentar los agravios perpetrados contra periodistas, comunicadores y empresas editoriales, pero, de plano, han recibido la callada por respuesta.
Libre acceso a la información, Derecho Humano Universal
Uno de los instrumentos vigentes en esa materia, es la denominada Carta de Santo Domingo, en este caso impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sólo citaremos unas cuantas líneas preceptivas de La Carta: El libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un Derecho Humano Universal, consustancial al derecho a la información, a la libertad de expresión y prensa (que) contribuye a la transparencia de la gestión pública y al combate a la corrupción y a la subcultura del secreto (…) es, además, factor indispensable en la construcción de una cultura democrática.
Resulta un tanto contradictorio que el Estado mexicano acepte mansamente, en nombre de la libre competencia económica internacional, someterse al Derecho Corporativo Global, y en el terreno de los Derechos Humanos pretenda exhibirse como una soberana autarquía.
Pero esa es la nueva “diplomacia” mexicana, ¡qué le vamos a hacer!
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.