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Enrique Peña Nieto en la encrucijada

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mours Salloum George (*)

Con independencia del desenlace final que tenga la Ley de Seguridad Interior, lo que está en juego es el sistema de División de poderes.

En el centro de gravedad del intenso debate de estos días, están los supuestos de contrapesos versus colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto fue todo tejer y cantar a cuenta del Pacto por México (PRI-PAN-PRD), que allanó todo el paquete de revisión de la Constitución, conocido como reformas transformadoras.

Ese pacto, por su naturaleza fáctica, prefiguró una forma no regulada aún de gobierno de coalición, para cuyos efectos prácticos ya existen propuestas tentativas que clarifiquen su implantación constitucional.

Acción de inconstitucionalidad, ¿el último recurso?

Lo que la Ley de Seguridad Interior pone en la orden  del día es la facultad de veto del jefe del Ejecutivo respecto de decretos aprobados por el Congreso de la Unión.

El veto tiene como acepciones prohibición o impedimento.

La doctrina clásica que rige los regímenes parlamentarios reconoce esa facultad de los jefes de Estado, cuyas observaciones a una legislación, sin embargo, deben pasar por el filtro de la mayoría calificada (dos tercios) del Poder Legislativo para cualquier efecto posterior.

En México, aun en un esquema de gobierno dividido, la relación  entre la residencia presidencial y los recintos legislativos ha navegado como balsa sobre aceite. Lo vimos con el citado Pacto por México.

A partir de la reciente década, no obstante, en uso de las figuras de la acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional ha tenido que arbitrar el conflicto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicho sea de paso, en casos de sentencias del pleno, particularmente el Congreso de la Unión se ha hecho de la vista gorda frente a observaciones y recomendaciones de los ministros.

Dentro del propio Congreso de la Unión, algunas bancadas intentan concertar el recurso de acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, en cuyo caso ésta debe pasar por su publicación.

Poder militar versus Sociedad Civil

La exigencia del veto presidencial a dicha legislación ha cruzado del clamor interno a iniciativa de diversas corrientes de opinión internacionales.

El presidente Peña Nieto ha quedado en la encrucijada entre las Fuerzas Armadas mexicanas que desde 2006 han venido exigiendo garantías legales en su desempeño como actores activos en la política de Seguridad Pública y crecientes sectores de la sociedad civil que previenen contra el espectro de la militarización de la vida pública de México.

Como pocas veces en el sexenio, el jefe del Ejecutivo está en la tesitura de definirse como un auténtico y audaz Jefe de Estado. Ya no vale, en un indescifrable juego de espejos, refugiarse en la poltrona y autoritaria respuesta: ¡Ni los veo, ni los oigo!

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