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Hacia el Estado totalitario

Voces del Director

Desde Filomeno Mata 8

Por Mours Salloum George (*)

A punto de cerrarse el año editorial 2107, no podemos hacer abstracción sobre el estado que guardan en México el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión. El balance anual debe escribirse, literalmente, con rojo.

El reportero Gumaro Pérez, ejecutado en Acayucan, Veracruz, es la víctima de esta semana. Con él suman doce los colegas exterminados en el país durante en 2017… y contando.

La entidad que gobierna hoy Miguel Ángel Yunes disputa el liderato en esa macabra competencia desde el inicio de la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

Sostenemos que no puede hacerse excepción en el recuento de daños perpetrados por la barbarie homicida, habida cuenta que el crimen no discrimina víctimas sin importar actividad, sexo o edades de las personas asesinadas.

Subrayamos, sin embargo, la voluntad de exterminio contra periodistas porque -al pretenderse aherrojar Libertad de Expresión– se atenta contra uno de los fundamentos de los derechos políticos y libertades cívicas que son imperativos en todo régimen democrático.

Lo que debemos denunciar en esta recurrente oportunidad es la impunidad, en cuyo caldo de cultivo se engrasa la incesante e irracional vocación de eliminación de “el otro”, por el sólo hecho de serlo.

Lo que del examen de ese fenómeno que tiene en su centro la libre circulación de pensamiento es de destacarse, es que la mayoría de las voces autorizadas ha venido documentando que, en los crímenes contra periodistas, está la visible mano de agentes del Estado.

De ello sigue que -los de los periodistas- pueden tipificarse como crímenes políticos.

Hace apenas unos días, los relatores de la ONU (para la Liberad de Expresión) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de una exhaustiva visita a México, llamaron la atención al gobierno sobre su inacción ante el reto planteado por el crimen organizado.

Esos comisionados emplazaron a las autoridades a acometer esfuerzos reales, tangibles, para cumplir con obligaciones internacionales inscritas en instrumentos de los que México es Estado parte. En el caso de Gumaro Pérez, las mismas entidades condenaron el asesinato y reiteraron su exigencia.

Es el punto: No hay voluntad gubernamental para restablecer el orden constitucional.

La tendencia legislativa de los años recientes es dotar de mayor poder de fuerza  coactiva al Estado, a costa de los derechos ciudadanos.

No se requiere consultar tratados de Ciencias Políticas para sospechar que el Estado mexicano, al optar por el monopolio de la violencia, encamina a la República a consolidar un régimen autoritario; totalitario. Pretensión inadmisible.

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