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Imperativo: Cambiar malas normas y malas instituciones

Imperativo: Cambiar malas normas y malas instituciones

La crónica de los lunes

Por Abraham García Ibarra

Con eso de la judicialización de la política en que, con razón válida o sin ella, cientos de causas son recurridas a la instancia jurisdiccional, a la gente del llano le resultará cada vez más difícil discernir sobre la figura del preso político.

En el viejo régimen (que se niega a morir), con un modelo de justicia penal tan viejo como el sistema, era común escuchar voces gubernamentales tratando de explicarse con un retruécano: En México no existen los presos políticos; hay políticos presos.

En esta temporada, un candidato presidencial se dice acosado por Enrique Peña Nieto. Así de gruesa la imputación.

Un ex gobernador anda a salto de mata y desde el extranjero se dice perseguido político de su relevo en palacio de Gobierno.

Un ex dirigente del CEN del PRI, apañado hace unos meses por implicaciones que el juzgador correspondiente tocará sentenciar, se autodeclara preso político. En fin.

Entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado, se dieron grandes movimientos exigiendo la Libertad de los presos políticos en México.

Los fines de la Ley de Amnistía de López Portillo

Jesús Reyes Heroles. (Colloqui

La gran Reforma Política de 1977-1978, fue acompañada por una Ley de Amnistía promovida por José López Portillo y don Jesús Reyes Heroles.

En la exposición de motivos de la iniciativa se hizo una saludable acotación en referencia a los enjuiciados por su militancia en la lucha armada: “Siempre y cuando”, sus acciones hayan sido motivadas por móviles políticos.

El fin de dicha ley se explicó como un esfuerzo de reconciliación nacional y para institucionalizar a grupos e individuos abriéndole los cauces legales a su participación electoral: Civilizar, pues, la lucha de los contrarios.

En aquellos movimientos por la liberación de presos políticos participaron no sólo partidos proscritos de facto, sino otros que tenían registro legal.

Militantes de esos movimientos convergieron en 1989 en la convocatoria a la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los presos políticos del PRD

El PRD llegó en 1997 al gobierno del Distrito Federal. Todavía el año pasado celebró dos décadas en el ejercicio del poder. En 2012, fue nominado por el Sol Azteca el ex procurador de la entidad Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno.

Ricardo Anaya (izquierda) y Miguel Ángel Mancera. (Especial)

Durante más de cinco años de gestión, el doctor Mancera se negó sistemáticamente a solicitar su alta en el PRD. Ahora es candidato a senador por el PAN.

Esta larga introducción al tema de hoy, la anima un hecho de no poca monta: Un día después de la conmemoración de El Día de la Libertad de Prensa -por extensión reclamo de respeto a la Libertad de Expresión-, fue reivindicado otro derecho consagrado también por la Constitución: El derecho a la Libre manifestación.

“Regeneremos al tejido social en la Ciudad de México”

Se dijo al respecto: La libertad de manifestación es para ejercerse y respetarse: reconstituyamos, reforcemos, regeneremos el tejido social que nos permite escucharnos como sociedad, comunidad, colectividad en la Ciudad de México.

Pronunció ese compromiso el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, interino del doctor Miguel Ángel Mancera, quien desde la mitad de su mandato porfió en la candidatura presidencial para 2018.

El mensaje del jefe de Gobierno de la CDMX se produjo en la presentación del programa El derecho a manifestarse y a la protesta en la Ciudad de México.

La ceremonia correspondiente se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estuvieron presentes los miembros del gabinete del jefe de Gobierno y representantes del Poder Judicial.

Para esa hora, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ya estaba impresa la Ley de Amnistía por la que se otorga este beneficio a 510 personas detenidas y acusadas de ataques a la paz pública, rebelión y sabotaje.

Disturbios del 1 de diciembre de 2012. (El Big Data)

La captura de esas 510 personas se registró entre el 1 de diciembre de 2012, fecha de toma de posesión del presidente Peña Nieto, y diciembre de 2015.

Amieva Gálvez -quien dio una disculpa pública a las víctimas-, fue categórico: Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos son para entenderlas y atenderlas y no para regatear, discutir o atacar.

Más contundente fue al decir: “Cuando nosotros tenemos conocimiento de que la norma está mal, es labor cambiarla; cuando las leyes no se convierten en instrumento de servicio, sino en herramienta de represión, y cuando las instituciones se convierten en manos ejecutoras de una normatividad que está mal, pues hay que cambiar la norma y las instituciones.

Una piedra sobre el frágil tejado federal

Desde la sede de los Poderes de la Unión, esa piedra cae en varios frágiles tejados públicos. Para empezar, en los de la Secretaría de Gobernación y la acéfala Procuraduría General de la República.

En el centro de gravedad de esa idea fuerza comentada, está sólidamente fincada la cuestión de los Derechos Humanos.

José Ramón Amieva Gálvez ha dado un paso adelante en la lectura y aplicación del Derecho. Repara los entuertos del gobierno citadino del PRD.

Amieva dirige su mensaje en el evento celebrado en la CDHDF. (Especial)

Una golondrina no hace verano; por algo se empieza

Es cierto que una golondrina no hace verano: Hay muchos dinteles públicos todavía por asear. Pero por algo se empieza.

Lo que permanece en el imaginario popular, no es sólo el acto liberador encarnado por la Ley de Amnistía.

Lo que impera, es la convicción y la profesión de fe en que, si la norma se convierte en herramienta de represión y, no obstante, hay una institución ejecutora, hay que cambiar la norma y las instituciones.

Un seco golpe a la autoridad que prefiere transitar por los atajos jurídicos. Es cuanto.

Redacción Voces del Periodista

Redacción Voces del Periodista



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