Espacios del Club de Periodistas

Instituciones de justicia, en medicina crítica

El Lecho de Procusto

Por Abraham Garcia Ibarra

El calendario de nuestros días, hace que la política –ya nomás nos queda la de sabotaje– sea convertida en ojo de agua, en el que todos quieren abrevar. El problema radica en que muchos bebedores la envenenan.

Ensayemos si se pueden articular algunos elementos que den sentido al título de esta entrega. Corre video.

El nombre de Luis Donaldo Colosio ha sido relanzado, desde diversas tribunas y con variada intencionalidad, en la arena electoral.

En el 24 aniversario del asesinato del sonorense, volvimos a nuestra libreta de apuntes reporteriles sobre de la campaña presidencial de 1994.

Encontramos, de entrada, una relación de donantes a las campañas del PRI. Entonces no era penalizado el financiamiento privado a los partidos. Tenemos algunos nombres de prominentes hombres de negocios, combinando su actividad con la empresa electoral. Su apuesta era por dos candidatos presidenciales.

Puesto que se trata de enfocar fundamentalmente la costumbre de votar, por hoy dejamos de lado el morbo que concitan los nombres. (Lo tenemos a disposición de los que duden.)

Recursos de procedencia inconfesable

Acompañando a Colosio en su atapa de proselitismo en Sinaloa dos días antes de su ejecución, fuimos enterados de que por lo menos un conspicuo priista, “por la libre”, pactó con un entonces poderoso jefe del narco un donativo a la campaña de unos  50 millones de pesos.

A la muerte del candidato presidencial, ¿qué destino de dio a aquellos recursos?

El asunto -que no un mero tópico-, nos vino a relación al escuchar ayer una grave advertencia en voz de la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Janine Atárola Malassis.

Denunció la magistrada que el signo que marca el proceso electoral de 2018, es la violencia: Manos criminales buscan decidir quienes aparece en las boletas electorales.

Sin cambiar de página: En la pugna por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un contendiente acusó a una adversaria de ser la reina del narcomenudeo.

Ese acusador tiene vínculos familiares con aquel presunto recolector de donaciones para la campaña presidencial del PRI de 1994.

El fiscal al que le duelen los ojos los voltea al pasado

Casi medio centenar de candidatos a puestos de elección popular han sido ejecutados entre las precampaña y las campañas. Ipso facto, autoridades electorales y voceros gubernamentales encuentran al culpable: El crimen organizado.

¿Asiste o no la razón a la magistrada Janine Otárola?

Sin darle curso a la instancia jurisdiccional a diversos  y graves casos pendientes, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, Héctor Díaz-Santana avisa ahora que movilizará a más de 14 mil agentes para atender denuncias sobre transgresión a la normatividad.

Entre los expedientes acumulados en la PGR, aparecen tres que recordamos para efecto de este tema: Uno subyacente desde la campaña presidencial de 2012.

Los otros dos, de “palpitante actualidad”: El uso de empresas fantasma para triangular recursos a diversas actividades de campaña electoral, cuestión que involucra tangencialmente la responsabilidad fiscal del Servicio de Administración Tributaria.

Procuradores en pleno, guiados por la “supremacía constitucional”

El más reciente asesinato electoral se registró en Michoacán. Pero el estado de Guerrero aparece entre las principales entidades donde con más reincidencia se dan esos crímenes.

En Acapulco se realizó ayer la 39 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En los videos se muestra al procurador federal, Alberto Elías Beltrán quien, hasta la fecha, carece de mandato senatorial.

Ese funcionario provisional cesó de manera fulminante al anterior fiscal electoral, pero la coartada de su defenestración no ha sido desarmada por el citado Díaz-Santana.

Entre las resonancias mediáticas del encuentro de procuradores, hay una interpretación oficiosa: El ministerio público actúa observando escrupulosamente la supremacía constitucional. (Aplausos).

El tema en agenda, rigurosamente seleccionado desde “lo más alto”, fue una sentencia del Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, por la que se ordena la reposición del procedimiento que se ejecutó contra algunos presuntos implicados en el caso de los 43 de Ayotzinapa (2014).

Debidamente orquestados, los procuradores en  pleno desautorizaron al Tribunal que forma parte del Poder Judicial de la Federación, al que acusaron de carecer de facultades para dictar una orden como la que dictó, y de excederse en sus atribuciones.

Lo que es de destacarse, es que esos procuradores, que se sepa, no han apelado al Consejo de la Judicatura Federal en busca de sanción a los magistrados que se extralimitaron, según ellos, en sus funciones. Lo hacen en el foro mediático

¿Ignoran los procuradores esa vía instituida por la Constitución de la Republica? Y eso, que privilegian la supremacía constitucional.

A partir del 2 de julio (denuncias e impugnaciones ya en agenda, aparte), toca tomar el fierro ardiendo de los resultados electorales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ultima instancia, “definitiva e inatacable”, en la calificación del cómputo y el nombramiento de próximo Presidente de México.

Los procuradores reunidos en Acapulco, según entendimos, se pronunciaron por oootro nuevo modelo de Justicia Penal. ¿Otro? ¿Nuevo?

Cambian los gobiernos; cambia el humor de los jueces

Esa es la gran cuestión: El cambiante humor de procuradores y togados judiciales, tipo Chimoltrufia: “Así como dicen una cosa, dicen otra”. Parece una epidemia universal.

Ilustramos: En España y para el mundo, desde hace meses está en cartelera un asunto judicial rubricado con un adjetivo: La manada, una asociación criminal indiciada por ataques sexuales.

A los imputados se les negó hace apenas unas semanas la libertad condicional, alegando riesgos de reiteración delictiva. Esta semana el criterio de los jueces de la Audiencia de Navarra, que siguen siendo los mismos, cambiaron de criterio y los sentenciados pueden recuperar su libertad con el pago de una fianza de seis mil euros.

¿Que indujo ese cambio de rieles? Cayó el gobierno del Partido Popular y ahora manda el Partido Socialista Obrero Español: Cambió el humor de los jueces.

Al acometerse en México la reforma de la Justicia Penal, uno de sus ordenamientos fue caracterizado como El bebé de Rosemary, monstruoso, pues.

Los legisladores se montaron en su macho y sus cajas de resonancia exaltaron el modelo de justicia acusatorio. Ahora resulta que los procuradores mexicanos en pleno dicen que no es tal. Que se requiere “otro modelo”.

Sospechamos que las instituciones de procuración y administración de justicia en México parecen requerir medicina crítica; aquella que se aplica a enfermos terminales. Es cuanto.   



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