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La judicialización de la política

El lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Cuando, prácticamente, en todo el territorio nacional se da el terrible espectáculo que enfrenta el superior poder de fuego del crimen organizado contra el poder de fuego de las fuerzas armadas mexicanas, es exigible al Estado mexicano reflexionar sobre el escenario de la sucesión presidencial en el que todos los mexicanos, unos activos y otros pasivos, estamos inmersos.

No se trata de los insondables misterios de los fuegos fatuos: Expertos en asuntos militares y en fuerzas armadas, en diverso grado y medida, coinciden en que lo que se observa en México, es una técnicamente tipificada como guerra de baja intensidad.

De poco sirven las tipologías si a final de cuentas tenemos todos los días un regadero de cadáveres, tanto en los estados de la República como en la misma sede de los Poderes de la Unión: La Ciudad de México.

Es hora en que todavía no ven “focos rojos”

Con un aplomo que parece inducido por la necesidad de tranquilizar sus conciencias, los consejeros del Instituto Nacional Electoral porfían en sus declaraciones en el sentido de que en la perspectiva de las elecciones generales (en las que concurren nueve cambios de gobernador), no se observan focos rojos. Será que están daltónicos.

En medio del fuego cruzado que retumba en los medios electrónicos, esos consejeros enrarecen aún más la atmósfera, detonando chinampinas verbales que, en el nervioso estado de ánimo de los mexicanos, potencian la sicosis colectiva.

No olvidarlo: La electoral es una función de Estado

Lo central en el proceso de sucesión presidencial, es sacarle los más juiciosos y eficaces rendimientos a lo que se cuenta como normatividad establecida por el conjunto de leyes que conforman el régimen electoral mexicano.

Lo central de ese proceso, a nuestro modesto leal saber y entender, es que la electoral es, constitucionalmente, una función de Estado.

Desde esa óptica, a los consejeros como a los magistrados electorales, les obligan los principios rectores que establece la propia Constitución: Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En esas graves asignaturas, los árbitros electorales dejan mucho a deber a los mexicanos. En especial, a los casi 90 millones de compatriotas con derechos al voto a salvo.

Se pone la carreta delante de los bueyes

En el crispado clima electoral, lo que se observa es una serie de conflictos públicos entre la instancia administrativa (INE) y la instancia jurisdiccional (TEPJF). Los primeros, dictando medidas, muchas de ellas cautelares y, los segundos dando cátedras de dómines del Derecho, y revirtiendo aquellos actos administrativos.

El origen de esa conflictividad tiene elementos objetivos irrebatibles; otros son de carácter, francamente artificial, ganas de blasonar de conocimientos jurídicos, según la lente con que se lean la Constitución y las leyes secundarias.

En la gestación de esa crisis, están las deficiencias, insuficiencias, lagunas y vacíos; las ambigüedades y las contradicciones en que incurrió el legislador, que dejan una ancha franja al criterio interpretativo de la norma legal.

Ilustremos esa percepción: Consejeros y magistrados chocan por la intención de los primeros de allanar tiempos para liberar reportes sobre tendencias de la votación, tanto en el ámbito federal como de los estados y municipios que concurren al proceso que culmina el 1 de julio.

Se nos antoja que ambos actores están poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Es fundamental, con independencia de los instrumentos que se apliquen, dar unas horas menos o unas horas más, resultados preliminares de la votación en la jornada?

Los contumaces se pasan la ley por el arco del triunfo

En abono de ese propósito, podemos decir que no falta razón a los deliberantes. Después de todo, desde 2006 y en elecciones posteriores en los estados, los contendientes, alentados por los encuestadores, caen en anticipaciones, muchas veces a conveniencia y, por lo mismo, absurdas, para adjudicarse la victoria.

Desde ya, podemos advertir que conocer resultados la noche de la misma jornada electoral, no evitará proclamas de partidos y candidatos en pugna. Es uno de las consecuencias de nuestro subdesarrollo político y vicio de nuestra subcultura democrática.

Entre las varias opciones sancionatorias que tienen los árbitros electorales está, verbigracia, la cancelación del registro a los partidos transgresores de la norma. Lo que se codifica como fraude a la ley.

Por no aplicar la autoridad, los partidos infractores reinciden, por sistema, en la violación de la ley. Que se les multe con más o menos pesos, les vale. Ahora se habla de “máximos históricos” en la acumulación de multas por un solo partido.

Recientemente, voces del Tribunal Electoral federal previenen que potencialmente podrían atenderse, en 2018, unos 50 mil asuntos generados desde las precampañas y las campañas constitucionales. La suma indica que podría configurar el perfil de delincuentes seriales.

Y todavía falta por saber qué acciones acometerán la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la Republica, y las correspondientes de los estados respecto de las denuncias que se están interponiendo por diversas causas.

Urge un pacto de civilidad entre consejeros y magistrados

Lo primero que se nos ocurre, es proponer que ambas instancias, administradora y jurisdiccional, firmen un pacto de civilidad. El buen juez, por su casa empieza.

De lo perdido, lo que aparezca: Si la Constitución y las leyes en la materia dotan de recursos a consejeros y magistrados para, aun con sus limitaciones, sancionar a los beligerantes, lo obvio es que debieran optimizarlos con otro principio rector: Energía. La tolerancia, por lo demás selectiva, cultiva la impunidad.

Si en toda actividad humana, todo empieza por el principio, lo principal es que los árbitros electorales den pruebas contundentes de que actúan ceñidos a la independencia y legalidad que les impone la Constitución, y no obedecer a designios sectarios, facciosos, motivados por las instancias partidarias que plancharon sus nombramientos.

No tirar piedras después de conejo ido

Faltan, exactamente, cuatro meses para la jornada del 1 de julio: Tiempo suficiente para medir y establecer las horas en que se podrían hacer públicas tendencia de la votación.

Mientras los árbitros electorales se enfrascan en discusiones que podrían caer en el rango de bizantinas, los beligerantes se gratifican dándose baños de lodo. Prevenirlo, impedirlo y castigarlo, es el acto prioritario. No tirar las piedras después de conejo ido. Es cuanto.



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