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La Reforma Militar y sus asegunes

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

La Reforma Militar y sus asegunes</span></p>VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Cuando el salinato tecnocrático neoliberal acometió su ofensiva contra la Constitución de 1917 -so capa de darle vía libre a las reformas estructurales-, sus  alegatos más socorridos fueron darle fin a “la economía ficción” y terminar con el ciclo de simulaciones políticas.

En materia de simulaciones, verbigracia, el discurso atacaba la tolerancia gubernamental a las flagrantes transgresiones del clero político al estatuto constitucional. Se restituyeron algunos privilegios a las Iglesias.

En esa línea de acción, en materia socioeconómica, el objetivo fue la propiedad social de la tierra rural. Se legisló para exponer a terceros el ejido y la comunidad agraria, con la excusa de que el rentismo parcelario y su usufructo final era una práctica en uso.

La usura bancaria, terminó por legitimarse bajo la figura del anatocismo. En fin.

Lo que resultó evidente en ese proceso, es que el gobierno de la República escapó por peteneras: En lugar de procurar someter a los transgresores a la Constitución y las leyes vigentes, como era lo obligado, lo que hizo, según los detractores de esa política, fue constitucionalizar lo inconstitucional.

Toda una incitación para que, en lo sucesivo, violar el Estado de Derecho sería recompensado institucionalizando la ilegalidad.

ONU militarizar la seguridad pública, un error

Hace una semana, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, en un discurso reactivo inusual, dada su investidura, respondiendo  a las críticas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, planteó que, si la exigencia era regresar al Ejército a los cuarteles, levantaba las dos manos para que “nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”.

La lectura de ese mensaje supuso el reconocimiento de que las Fuerzas Armadas estaban cumpliendo una  labor en materia de seguridad pública “no constitucional”.

De inmediato, sobre todo en el Senado de la República, se anunció que se revisaría el marco legal en que las Fuerzas Armadas se desempeñan en ese ámbito, para reparar el entuerto.

Incluso, se sugirió la convocatoria a un periodo extraordinario se sesiones del Congreso de la Unión para dictaminar las iniciativas pendientes sobre tan controvertida cuestión y proponerlas al pleno.

Ayer, el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera Cabezut salió al paso a ese anuncio y declaró que la militarización de la seguridad pública ha sido un error en todas partes del mundo.

Corcuera Cabezut advirtió sobre los riesgos  de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que les permita continuar en labores de seguridad pública y consideró inapropiada esa iniciativa, pues significa hacer legal lo que hoy es ilegal.

Frente a las reacciones sobre ese propósito, se decidió aplazar el tema para el periodo ordinario que arranca en febrero de 2017.

Reforma interna, ¿y los factores externos?

La pertinencia de una reforma militar obliga a otras graves consideraciones que tienen que ver con la voluntad soberana del Estado mexicano.

Por la vía de facto, desde finales del siglo pasado México ha consentido en la participación de los altos mandos castrenses en las juntas convocadas por El Pentágono a los ejércitos latinoamericanos para diseñar estrategias sobre seguridad hemisférica.

Durante el gobierno de Vicente Fox, éste, también discrecionalmente, incorporó a México en la Alianza Estratégica para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, propuesta por el ex presidente estadunidense George W. Bush.

Entre los sexenios de Fox y Felipe Calderón, Washington impuso a México la Iniciativa Mérida asumida por el gobierno mexicano como si se tratara de un mero acto administrativo que no requiere sanción del Senado. Fue, ese, el toque a zafarrancho con el que Calderón emprendió el combate contra el crimen organizado.

En el actual sexenio, sin previa consulta constitucional al Congreso de la Unión, de hecho las comandancias de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México han quedado adscritas a los comandos Sur y Norte de los Estados Unidos. A mayor abundamiento, participan en ejercicios militares conjuntos.

Dotar unilateralmente, como se pretende,  de  un nuevo marco jurídico a la operación de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad pública -seguridad interna, es el concepto genérico-, ¿procede haciendo abstracción de los cuatro elementos trascritos líneas antes, que tocan fundamentos de nuestra política exterior?

¿Hacerlo, además, en un ambiente de franca hostilidad hacia México por parte del presidente electo Donald Trump? Esta es la gran cuestión.


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