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La usurpación del poder presidencial

VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

La usurpación del poder presidencial </span></p> VOCES OPINIÓN Por: Mouris Salloum George

Es una pena que, por andar entre huachicoleros y espías, algunos temas de profunda trascendencia política pasen desapercibidos en el maremágnum noticioso.

Verbigracia: La semana pasada la agenda pública registró el foro Diálogos para una capital cívica. La capital, nuestra casa común. Civismo: Celo por la patria. Se dice pronto.

Entre los participantes en esos diálogos se contó con la presencia del contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero Pozas. Denunció que no ha existido voluntad política para combatir la corrupción.

Adelantó que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene uno de los grandes retos en su implementación en los estados.

No lo dijo Guerrero Pozas, pero en esos días  la opinión pública tallaba una piedra de escándalo descubierta en San Luis Potosí: Los diputados locales pasaban por los filtros del moche el encubrimiento a los alcaldes mediante la aprobación sus cuentas públicas.

Pero en el foro sobre una capital cívica, del INE estuvo también su consejero presidente Lorenzo Córdova.

Córdova mereció algunas crónicas en este tenor: México tiene serios problemas estructurales, pero no son producto de las elecciones, sino de políticas publicas equivocadas, una enorme corrupción que ofende y una gravísima impunidad…

Problemas estructurales: Córdova los listó empezando por una pobreza y desigualdad ominosa, y una gravísima impunidad que alimenta la corrupción y hace de nuestro estado de derecho una fantasía

No tenemos a la vista aún el texto completo de la exposición de Córdova, pero podemos coincidir en que las elecciones no han generado per se, el estado de descomposición y decadencia que vive México.

Creemos que no son las elecciones las que han auspiciado ese detestable estado de cosas: Son las usurpaciones del poder presidencial.

Los que diseñaron “el camino correcto”.

Si nos vamos a la primera usurpación, en 1988, tenemos que de aquel inicio de sexenio data la declaratoria en el sentido de que “vamos por el camino correcto”. Las políticas públicas asumidas, entonces, no fueron “equivocadas”, sino deliberadas.

Para 2000, la pugna por la Presidencia de México estuvo marcada por dos fenómenos: El Pemexgate, del PRI, y Los amigos de Fox. Fox, ya en los Pinos, blasonó que presidía el primer gobierno democrático en la historia de México.

Sobre ese odioso episodio, el nombrado Lorenzo Córdova y su alter ego, Ciro Murayama, también consejero electoral ahora, entonces investigadores académicos, escribieron un ensayo en el que advierten los peligros del financiamiento privado a partidos y campañas electorales.

La sucesión presidencial de 2006 fue coronada por la declaración del panista Felipe Calderón: Aiga sido, como aiga sido. Con eso está dicho todo.

Los serios problemas estructurales, producto de “políticas equivocadas”, diseñadas por los tecnócratas neoliberales, vienen, pues, desde lejos. Han pasado, desde Carlos Salinas de Gortari, casi cinco sexenios.

Consejeros y magistrados tiene la clave en sus manos

La “elección” de Salinas de Gortari fue sancionada por la Comisión Federal Electoral (CFE) y el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Las siguientes, fueron procesadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) hasta que entró en funcionamiento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sus sentencias “definitivas e inatacables”.

¿Qué se colige como conclusión de esa narrativa? Que para llegar a Los Pinos y dictar las “políticas equivocadas”, fuente de los actuales problemas estructurales, sus perpetradores contaron con el aval de los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral.

Para 2018, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya existencia tiene su fundamento en la Constitución, poseen la clave para interrumpir el ciclo depredador de “las políticas equivocadas”.

Esa herramienta constitucional dice así: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (Artículo 39 de la Carta fundamental).

Ya no hay tiempo para reformar la Constitución. No es necesario hacerlo. Basta con ceñirse a los imperativos mandatos de la propia Ley de leyes. ¿O no hacemos elecciones legales? Esa es la gran cuestión.


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