Espacios del Club de Periodistas

De las leyes mordaza a la Ley Mortaja

El Lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Como el oficio periodístico es ejercicio todoterreno de 24 horas y 365 días del año, nos ha tocado consignar editorialmente no pocos asesinatos de colegas.

Abrimos la cuenta funeraria en 1978: Roberto Martínez Montenegro, Culiacán, Sinaloa. 1984: Manuel Buendía Tellezgirón, Ciudad de México. 1988: Manuel Burgueño Orduño, Mazatlán, Sinaloa.

Abrimos la macabra lista con esos tres nombres, porque el primero y el tercero fueron ultimados en nuestro estado natal, Sinaloa. Con Burgueño compartimos proyecto editorial. Con el maestro Buendía iniciamos una relación profesional y amistosa en el diario El Día desde finales de 1968.

En el mismo 88, en Tijuana, Baja California, tocó el turno a Héctor El Gato Félix Miranda, periodista sinaloense también, cofundador de la revista Zeta.

A partir de 1984, los crímenes contra periodistas llegaron en ensangrentado racimo a todo el territorio nacional.

No creemos que sea el último, pero sí el más reciente en Culiacán, Sinaloa: Javier Valdez Cárdenas en 2017, semanas después de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sacrificada Miroslava Breach.

En una galería del Club de Periodistas de México se exhibe un interminable memorial ilustrado con las fotografías de los colegas, literalmente, exterminados.

La ley “plata o plomo” sobre los medios impresos

¿Qué observamos en ese doloroso recorrido de cuatro décadas? La gran mayoría de las víctimas ejercía su actividad en medios impresos. Eran, pues,   de origen y muchos de ellos hasta su asesinato, informadores.

En el tramo analizado, lo que coloquialmente se acreditaba como Prensa, dio el salto a Comunicación Social, con predominio de los medios electrónicos.

Nos consta que aquellos compañeros que causaron baja, no voluntariamente -preciso es destacarlo- se gratificaban presentándose sencillamente como reporteros. Era su timbre de orgullo. Ahora, pululan los autodenominados líderes de opinión.

A lo que nos conduce este ejercicio de amarga nostalgia -en razón de la caracterización profesional de las víctimas de la bárbara “ley” plata o plomo, es a lo siguiente: Quienes temen a la verdad atentan, de entrada, contra su fuente seminal: El Derecho a la Información, consagrado constitucionalmente.

Es así, porque la información es el insumo básico de otro derecho consustancial: La Libertad de Expresión, elevada también a rango constitucional.

Casi invariablemente, la opinión editorial -y aquí pasamos al proceso de producción de pensamiento– tiene como base la investigación periodística, en cuyo caso los que se juegan la vida en el trabajo de campo, son los reporteros.

No cumplen su tarea los agentes del Estado

Ahora bien, la propia Constitución impone que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Y aquí entramos en materia. Si lo que induce y estimula la acción directa de quienes quieren silenciar la información y sofocar la opinión, es la impunidad, lo que resulta obvio es que los depositarios de la responsabilidad del Estado garante no hacen su tarea.

De ello sigue que, internacionalmente, México aparezca entre los tres países del mundo catalogados como más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Aunque desde hace tres sexenios se empezó a legislar sobre eso que llaman transparencia, sin embargo desde la Reforma Política de 1978 propiamente hasta 2014, tuvieron que pasar 36 años  para que se perfeccionara, en el texto, la reglamentación del artículo sexto de la Carta fundamental, que confirmó la existencia del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A lomo de tanto asesinato perpetrado contra periodistas durante tantos años, la autoridad -presionada las representaciones gremiales y éstas apoyadas por la sociedad civil-, ha fingido que atienden el clamor de justicia y ha creado algunas instancias, teóricamente para prevenir, investigar y castigar las agresiones a informadores y comunicadores, y contra empresas editoriales. Nueces vanas, dice la conseja popular.

A mayor abundamiento -como para otras muchas materias relacionadas con los Derechos Humanos– el Estado mexicano ha suscrito instrumentos internacionales de variada factura y objetivo.

El juego que juegan todas las autoridades: A tirarse la bolita

Arrastrado el estado de Derecho por el pantano mexicano de leyes secundarias, reglamentos, protocolos y normas específicos, las autoridades juegan infatigablemente a tirarse la bolita.

Ilustremos la anterior afirmación: La Procuraduría General de la República tiene en su estructura administrativa una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Se pierden en la noche de los tiempos burocráticos cientos de expedientes que han sido puestos en manos de los titulares de esa Fiscalía y se requiere una lupa para encontrar los casos consignados que son pocos, y los sentenciados, que son muchos menos.

En los laberintos legaloides, hay un argumento manido que en ellos tiene su domicilio: Aunque los derechos a la Información y a la Libertad de Expresión -como los de reunión y petición– están consagrados en la Constitución General, se ha determinado que los asesinatos y agresiones a periodistas son de competencia del fuero común.

El banco de sangre en manos de Drácula

Coartada como anillo al dedo: De ello resulta que la facultad sancionatoria, trasladada a los gobernadores de los estados, sirve no sólo para criminalizar a los muertos: Deja a las familias de las víctimas en estado de indefensión, en el menor de los casos, y de vergüenza, en última lectura.

Eso de dejar la indagatoria y la penalización de esos crímenes a las autoridades de los estados, equivale a dejar el banco de sangre en manos de Drácula en la medida en que al menos la autoría intelectual de esos atentados, tiene nombre y apellido en la nómina funcionarios estatales.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias, algunas han creado jurisprudencia, que imponen al Ministerio Público federal, la facultad de atracción en aquellos casos en que por incapacidad, negligencia y en el extremo, complicidad, las autoridades de primera instancia, para el caso las del fuero común, no observan el estado de Derecho.

Algunos actores-víctimas de crímenes contra el ejercicio periodístico, han emplazado a la Fiscalía especializada de la PGR a que por lo menos considere la posibilidad de aplicar la facultad de atracción. Equivale a pedirle un milagro de la Virgen de Guadalupe.

La víctima de esta semana ha sido el colega  Gumaro López Aguilando. ¡Y van doce en 2017!

Nuevos candados a la Libertad de Expresión

Para ilustrar nuestro optimismo, encontramos una perla negra legislativa.

Antes de concluir el reciente periodo legislativo federal, ¡por unanimidad! todos los partidos representados en San Lázaro votaron una modificación, cuya minuta fue ya enviada el Senado, al artículo 1916-Bis del Código Civil Federal.

A la letra dice esa modificación: Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo con lo establecido por este ordenamiento, y por tanto las conductas descrita que se considerarán como ilícitos: El que comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, a una o más personas, la imputación que se hace de otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que puedan causarle deshonra, desprestigio, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien…”.

Subrayamos: Cualquier medio tradicional… y un hecho cierto. Lo que implica: Verdadero. ¿Quién causa deshonra? ¿El que se deshonra a si mismo, o quien comunica su falta de honra?

Hablamos, pues, de una nueva ley mordaza, de las que suelen terminar en Ley Mortaja. ¿Quién dice que estamos en el umbral del fascismo? ¡Estamos ya dentro sus podridas entrañas! Es cuanto.



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