Espacios del Club de Periodistas

De cómo llegamos al Estado fallido

El Lecho de Procusto

Por Abraham García Ibarra

Hemos insistido tercamente en estos espacios en que, en el proceso de desarticulación del Estado Constitucional, una de las rezagantes  rémoras adheridas al estado de derecho, es la construcción de un gobierno paralelo,  ajeno para efectos prácticos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ese mandato, en su diseño original, regularía las funciones de gobierno centralizada y paraestatal. Su coordinación se confiaría la Secretaría de Gobernación.

Los que pretenden gobernar para la postmodernidad, sin embargo, han hecho de la Constitución un denso y oscuro entramado de retacería sin compadecerse de los costos del monstruoso gasto corriente que pesa sobre el Presupuesto de Egresos.

La utopía: Control, eficiencia y eficacia

Cuando hace seis sexenios se debatió la Reforma Administrativa del Sector Público Federal se le impusieron a la burocracia tres objetivos: Control, eficiencia y eficacia. Constituirían estos imperativos la piedra de toque de buen gobierno.

Desde hace una década, especialistas en Inteligencia extranjeros codifican al mexicano como Estado fallido.

Ilustremos el tema: En el área de Procuración de Justicia, antaño bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República con sus fiscalías especializadas se ha sembrado, -además sin dientes– un racimo de procuradurías; que del consumidor, que del contribuyente, que del trabajo, que del medio ambiente y así, hasta el infinito.

No podían faltar las comisiones: Que de Derechos Humanos, que de arbitraje médico, que reguladora de energía, que de protección y defensa de los usuarios de servicios bancarios y financieros, que de asuntos indígenas, que de zonas áridas, y aquí otro etcétera hasta la vuelta de la esquina.

(El Poder Legislativo no se queda atrás: Hay en determinados periodos más comisiones especiales que ordinarias).

La asignación de facultades a esas entidades burocráticas paralelas ha dejado a los miembros de los gabinetes legal y ampliado, literalmente, como meros encargados de despacho.

Y aparecieron los Órganos Autónomos del Estado

Nos falta hablar de los órganos autónomos del Estado, que no son pocos ni baratos; empezando por el Instituto Nacional Electoral, el correspondiente a Telecomunicaciones y, sin agotar la nómina, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¡Uf!

Administración por resultados: 1) ¿Ha mejorado la calidad de las elecciones constitucionales para la formación de poderes públicos (función de Estado, dice la Constitución)?, 2) Los usuarios de los sistemas de telecomunicación, sobre todos las audiencias, ¿tienen mejores productos e instancias confiables para dirimir sus quejas?

La mayor parte de las controversias en materia de comicios, tiene que resolverse en la instancia jurisdiccional; para el efecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas sentencias, definitivas e inatacables, no abonan a una mejor democracia.

A qué hablar de los contratantes de los sistemas de televisión concesionados.

La transparencia, presa en el hoyo negro

Después de haberse reglamentado particularmente el artículo sexto de la Constitución no tienen los mexicanos un más expedito ejercicio del Derecho a la Información, y por supuesto, la transparencia de la gestión pública sigue atrapada en el hoyo negro.

El INAI pasa por tal túnel jurídico que es más fácil listar los temas accesibles que aquellos puestos bajo reserva con la coartada de la Seguridad Nacional. No se trata ya de la secrecía en averiguaciones del Ministerio Público, por ejemplo.

Se trata que, aun en cuestiones de orden administrativo que tienen que ver con la gestión presupuestal o los contratos otorgados a nombre del Estado, la información es embovedada bajo siete candados.

Relacionado con el INAI tenemos un reciente caso de no poca monta. En la controvertida Ley de Seguridad Interior, Ejecutivo y Legislativo plancharon el artículo nueve por el cual la información sobre los operativos de las Fuerzas armadas (vinculados a la Seguridad Pública) se clasifica como reservada; obviamente con la coartada de la Seguridad Nacional.

Haciéndose eco del multitudinario clamor social, el INAI hizo un pronunciamiento público al respecto. Pero compareció ante el Senado el presidente de ese órgano, Francisco Javier Acuña Llamas, escuchó a los voceros del Ejército y se declaró profundamente convencido de los argumentos de las Fuerzas Armadas. Asumió entonces una posición gelatinosa.

A las pocas horas (tiempo de vacaciones decembrinas), Acuña Llamas ambulaba por las calles de Madrid, España. Allá declaró, como no: No podemos dar un paso atrás en lo conquistado en términos de transparencia… Y acaso se haya ido tan campante a lubricar el gaznate con un buen vinillo tinto.

Pues sí, para eso sirven los órganos autónomos del Estado. Para lo mismo que sirven tantas procuradurías y comisiones que han dejado muertos de envidia a los inventores de La carabina de Ambrosio. Por eso estamos como estamos. Es cuanto.


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