No se tome como herejía, si señalamos que Dios puede estar en problemas con la justicia terrenal en México. Son otros “falsos profetas” los que comprometen su divina autoridad:
Campus 1 de la Universidad de Chihuahua (Universidad pública, pues), en la capital de la entidad. 20 de abril de 2013. Misa de Consagración del Estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
Ofician el Arzobispo Constancio Miranda Weckman; concelebran seis obispos de las diócesis de Chihuahua; asisten 150 sacerdotes y cientos de religiosas.
“Yo, César Duarte Jáquez, por intermedio me consagro a mi mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el Estado de Chihuahua…”.
Todo “lo que tenemos”, dijo en su ofertorio el entonces gobernador priista.
Dicha consagración fue el 20 de abril de 2013. Va a hacer de eso cuatro años. Hoy, los medios de comunicación dan espacio a la presunción de que César Duarte pudo haber malversado recursos públicos por unos seis mil millones de pesos.
Desde hace meses trascendió que César Duarte, ya ex gobernador, había interpuesto un recurso de amparo contra su posible sujeción a la ley por actos de corrupción. A principios de semana, se supo que había cruzado la frontera para refugiarse en el estado de Texas.
Ahora, César Duarte deposita su suerte en la posibilidad de que se le conceda el estatuto de “perseguido político”, en vez de confiar en los oficios protectores de la Divina Providencia.
Duarte, una hoja del racimo de horca
Lo primero que hay que señalar, es el acto de simonía en el que Duarte incurrió, pervirtiendo las normas de la religión católica.
Lo principal sin embargo, es la violación que, como hombre público, Duarte infligió a la Constitución mexicana que prescribe la separación Estado-Iglesias.
Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, dijo la musa. Aquel año, diversas instituciones civiles conminaron a la Secretaría de Gobernación a que aplicara la ley a César Duarte.
El gobernador ni siquiera recibió un extrañamiento público. Producto es, esa omisión, de la impunidad como institución.
Existe, en ese tipo de arropamiento a los gobernadores, lo mismo si detrás de ellos están las siglas del PRI, del PAN o del PRD, un patrón de conducta fuera de toda noción republicana.
En los casos de Sonora -Guillermo Padrés Elías-, Veracruz -Javier Duarte de Ochoa-, y Quintana Roo -Roberto Borge Angulo- (existen causas pendientes en Sinaloa -Mario López Valdez- y en Durango -Jorge Herrera-, respectivamente), las raterías de los mandatarios fueron denunciadas desde el mismo momento del inicio de su gestión. A los acusadores se les dio la callada por respuesta.
Incluso, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados había documentado con oportunidad irregularidades administrativas ante la Procuraduría General de la República. Silencio.
Pero esos gobernadores cometieron un pecado político capital: Le hicieron perder a su partido las elecciones sucesorias. Es hasta entonces cuando se han iniciado acciones punitivas en su contra. Por eso estamos como estamos.