El lecho de Procusto
Por Abraham García Ibarra
Dentro de diez días se cumplen 29 años (5 de mayo de 1989) de que fue incendiado el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede entonces de la Cámara de Diputados, cuyo segundo Colegio Electoral dio la Presidencia de México a Carlos Salinas de Gortari en septiembre de 1988.
El sospechosismo implantó la hipótesis de que la conflagración fue un acto deliberado para que el fuego quemara los paquetes electorales que contenían el secreto sobre la verdad de la controvertida elección presidencial del 88.
En ese proceso, el árbitro fue la Comisión Federal Electoral (CFE), entonces presidida por el secretario de Gobernación. En el recinto de ese órgano, el 6 de julio de 1988 se cayó el sistema de cómputo.
La reforma electoral de 1989, quitó la facultad decisoria en esa materia a la CFE y al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Al tiempo, esa facultad fue dividida y transferida al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esa memoria histórica nos remite a la exploración sobre las diferencias, en grado y medida, entre la actuación de la vieja institución administradora de las elecciones federales y de los nuevos órganos de organización, cómputo, calificación y validación de los resultados, básicamente, de la elección presidencial.
Diremos, antes del abordaje del tema, que entre los comicios federales intermedios de 1997 y la elección presidencial de 2000, se dio por aclimatada en México la transición democrática.
Un análisis matemático de los resultados oficiales del 88
No hacemos abstracción de los dictámenes de la CFE y de los colegios electorales de la Cámara de Diputados de 1988. Al contrario, los consideramos como referencias que dieron soporte a un estudio del Instituto de Proposiciones Estratégicas dado a conocer meses después.
“La incertidumbre en el manejo de las cifras oficiales”, sostuvo el Instituto, “dejó un clima de poca credibilidad” en la conducta de los actores políticos.
Por primera vez en la historia electoral mexicana, una institución privada dio al público una interpretación de los resultados electorales mediante el análisis matemático, con el propósito de salir al paso a las apreciaciones subjetivas y pareceres partidistas que “de ningún modo pueden conducir al establecimiento de juicios que desemboquen en un claro discernimiento de la cuestión”.
Es de recordarse que los beligerantes principales en la contienda presidencial fueron el ya nombrado Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Manuel de Jesús Clouthier del Rincón.
La base del estudio consultado, es la cinta de computadora que Gobernación entregó a los partidos políticos: La grabación concentró más de la mitad de los resultados totales recopilados en 288 distritos electorales con 22 mil 655 secciones y 28 mil 130 casilla. Fue, pues, más que un muestreo selectivo.
De ese ejercicio deriva la distancia entre la desviación estándar nacional de los datos oficiales y la desviación anormal de los mismos.
Motivos potenciales para declarar la nulidad de las elecciones
Sólo para destacar un punto, el análisis matemático encuentra que, precisamente en los distritos con mayor abstencionismo, el PRI incrementó sus votos en las secciones con votación por arriba del 80 por ciento. Destacan los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (dicho por nuestra parte con la más alta marginación histórica).
En el enfoque sobre los resultados reales para la elección de diputados, la alteración sólo es explicable por la elaboración de votos y/o actas de escrutinio ficticias que se dieron masivamente en 58 distritos electorales (del total de 300). En más de 20 por ciento de las secciones hubo votación mayor a 80 por ciento del padrón, al contrario de lo esperado con base en el promedio y la desviación de cifras estándar de las cifras oficiales.
Según el propio estudio, con base en la norma electoral, una elección será nula por haber error grave o dolo manifiesto en la computación de votos, que modifique sustancialmente el resultado de la votación.
En otra cita del código, una elección será nula cuando los motivos de nulidad se declaren existentes en un 20 por ciento de las secciones de un distrito y sean determinantes en el resultado de la elección.
En los 58 distritos revisados, la votación acreditada para Salinas de Gortari fue de un millón 672 mil 337 votos, contra sólo 356 mil 756 de Cárdenas y 164 mil 780 de Clouthier.
Aparte de esos 58 específicos distritos “sujetos de anulación”, en otros 179 distritos existieron muchísimas secciones adicionales con una votación anormal. En estas secciones los votos para el PRI fueron 767 mil.
Un dato no precisamente accesorio: En las entidades donde la oposición logró el mayor número de victorias: Distrito Federal, Jalisco, México y Michoacán, no hubo anormalidades, respecto del padrón. Hasta aquí la fuente consultada.
Recordamos por nuestra parte, que el sistema de cómputo se cayó la noche del 6 de julio de 1988 cuando empezó el flujo de votación de los estados de México y Michoacán en favor de Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional.
Los resultados finales de la elección presidencial dados por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados en favor Salinas de Gortari, aun manipulados, apenas le dieron un punto por encima del 50 por ciento de la votación total oficial.
La configuración de un golpe de Estado técnico
El proceso de dictamen y su votación en la LIX Legislatura federal, fueron tipificados por el diputado priista don Antonio Martínez Báez, constitucionalista él, como un golpe de Estado técnico.
Los paquetes electorales que se salvaron de las llamas en San Lázaro en 1989, fueron quemados en el primer periodo ordinario de sesiones de la siguiente legislatura, en 1991.
Vino la reforma electoral que creó el IFE y el TEPJF. La elección presidencial de 2000 fue marcada por el Pemexgate, del PRI, y Amigos de Fox, del PAN. Sin embargo, dada la injerencia del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y la reacción permisiva de la opinión pública, el resultado no fue controvertido, al menos en su magnitud de 1988.
La consigna política por encima de la razón jurídica
Así arribamos a 2006: Se enfrentaron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en un cuerpo a cuerpo que dejó de lado al priista Roberto Madrazo Pintado. El número clave fue 0.56 por ciento, la ventaja que los magistrados electorales federales le acreditaron al michoacano.
“Transición democrática” en boga, el proceso fue impactado previamente por el desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal para mojarle la pólvora camino a Los Pinos.
Se habló entonces de complot contra el tabasqueño. Ya hemos documentado este escándalo. Nos concretaremos a otros aspectos, a saber:
La misma noche de la jornada electoral, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde hizo su paseíllo por los pisos de las televisoras para proclamar el triunfo de Calderón.
El caso quedó en manos de la instancia jurisdiccional, el Tribunal Electoral federal. Los magistrados dictaminaron 376 recursos de inconformidad, algo sin precedente.
Entre las denuncias presentadas, se sustanciaron, 1) el activismo del presidente del gobierno de España, José María Aznar, incitando in situ al voto por Calderón; 2) La intervención del publicista español José Antonio Sola, 3) La intromisión de Vicente Fox en las campañas, 4) La injerencia del Consejo Coordinador Empresarial, atacando a López Obrador; 5) La torcida tarea del consejero presidente del IFE, sólo para mencionar los orígenes de la controversia.
En todos los casos, los magistrados electorales la giraron de sicólogos desestimando el impacto de esas injerencias y su influencia en la voluntad de los votantes, especulando, a la baja, sobre la relación causa-efecto de dichas intromisiones, incluso cuando reconocieron el riesgo de la actuación de Fox para la validez de los comicios.
Al menos dos investigaciones académicas, concluyeron que los magistrados pusieron la consigna política por encima de la razón jurídica. Felipe Calderón dejó para los bronces su cínica exclamación: aiga sido como aiga sido.
En economía de espacio, dejamos entre corchetes la sucesión presidencial de 2012. Las campañas en marcha nos darán oportunidad de retomar esa elección. En vías de mientras, consignamos la actuación de los consejeros electorales y de los magistrados, que no rechinan de imparciales. Es cuanto.